Hace unos días vi un vídeo que, durante unos segundos, pensé que era una parodia. No lo era. Era un programa de la televisión israelí Channel 14. En un contexto de tensiones entre Netanyahu y Trump, a cuenta de la firma del memorando con Irán, el actual presidente norteamericano era presentado como un traidor. En ese vídeo, Uri Geller, ilusionista que afirma poseer capacidades paranormales, sostenía que Teherán había conseguido influir en el cerebro de Donald Trump mediante ondas electromagnéticas de baja frecuencia. La afirmación pertenecía al terreno de lo extraordinario. Geller, que se ha declarado «orgullosamente sionista», ya había afirmado antes que utilizaba sus «poderes psíquicos» contra activistas propalestinos. Lo inquietante no era escuchar una ocurrencia absurda sino comprobar cómo un canal de televisión podía ofrecer semejante discurso con naturalidad.

La pregunta pertinente, al margen del contexto concreto, fue qué tiene que ocurrir para que una afirmación tan alejada de cualquier evidencia ocupe un espacio de aparente normalidad. La respuesta va mucho más allá de un personaje extravagante. Siempre han existido charlatanes, iluminados y conspiracionistas. No son una novedad. Lo nuevo es que hayamos dejado de aplicar el mismo nivel de exigencia a todas las afirmaciones. Ya no juzgamos las ideas únicamente por la calidad de las pruebas que las sostienen. Las juzgamos, sobre todo, por las consecuencias políticas o identitarias que tendría aceptarlas.

No vivimos una crisis de credulidad. Vivimos una crisis de escepticismo selectivo. Somos escépticos con aquello que cuestiona nuestras convicciones y crédulos con aquello que las confirma. Antes de preguntarnos si algo es cierto, nos preguntamos a quién beneficia que lo sea. Y ese mecanismo resulta visible también mucho más cerca de nosotros. Basta observar lo ocurrido en torno a las recientes polémicas relacionadas con el euskara. El caso de las correcciones de la PAU ha sido un ejemplo palmario. Llama la atención que, incluso antes de conocerse las revisiones y las explicaciones completas, personajes de la derecha española y medios asociados a ella hablaran de una utilización ideológica del euskara y de marginación de castelloparlantes.

Algo parecido ha sucedido con Irulegi y el nuevo hallazgo vascónico en una cerámica. Cada nuevo descubrimiento relacionado con la historia del euskara, como ocurrió con la Mano y la inscripción «Sorioneku», provoca también reacciones que no responden a criterios científicos. Antes incluso de conocer los argumentos filológicos, hay quienes sienten la necesidad de desacreditar el hallazgo porque sus implicaciones les resultan incómodas. Un descubrimiento lingüístico se transforma así en una discusión identitaria. Una única nación, una única lengua, una única memoria. Y cuando la identidad entra en escena, la exigencia de pruebas cambia de sentido. Lo que se acepta sin apenas resistencia en unos casos se somete en otros a una sospecha casi infinita. Eso no significa negar que determinados descubrimientos puedan reforzar identidades, también, como en nuestro caso, identidades periféricas. Significa reconocer que el debate sobre la prueba se contamina cuando lo que está en juego no es solo el dato, sino el relato que ese dato amenaza.

Ya no resulta siquiera llamativo comprobar cómo algunos sectores son capaces de aceptar sin apenas espíritu crítico teorías tan disparatadas como la de unas ondas electromagnéticas que controlarían la mente de un presidente estadounidense y, al mismo tiempo, exigir un nivel casi imposible de demostración a cualquier investigación arqueológica que pueda aportar nuevos datos sobre la antigüedad o la extensión histórica del euskara. No es una contradicción. Es un patrón.

Lo mismo puede observarse en otros ámbitos. En Madrid, durante años y hasta hoy, hubo quienes alimentaron teorías disparatadas sobre la autoría de los atentados del 11 de marzo. En París, la teoría falsa de que Brigitte Macron «había nacido hombre» pasó de los márgenes conspirativos a una campaña de acoso y difusión internacional. Es un ejemplo claro de cómo una fantasía puede circular como «investigación alternativa» cuando sirve para degradar al adversario político.

Se trata del llamado «razonamiento motivado». No evaluamos todas las pruebas con el mismo rasero. Somos mucho más rigurosos cuando una evidencia desafía nuestras creencias que cuando las confirma. Siempre ha habido personas que sostenían ideas extravagantes. La diferencia es que antes permanecían dispersas y rara vez influían en el debate público. Hoy las redes sociales, determinados medios y la polarización política les permiten encontrarse, reforzarse mutuamente y, en ocasiones, acceder a espacios de gran difusión. Y así, la evidencia deja de ser el árbitro para convertirse en un actor más de la disputa política. Ya no importa tanto si un descubrimiento es sólido, si un estudio está bien construido o si una investigación resiste la crítica. Lo decisivo pasa a ser quién la firma y las implicaciones identitarias de reconocer que puede tener razón.

Y esa es una de las mayores amenazas para nuestras sociedades. No la existencia de charlatanes. Siempre los hubo. El verdadero problema comienza cuando dejamos de distinguir entre el conocimiento construido mediante pruebas y las afirmaciones construidas para satisfacer nuestros prejuicios. Así, la cuestión no es la falta de espíritu crítico, sino su distribución. Para creer que Irán manipula la mente de Trump basta un tertuliano en un plató de televisión. Para aceptar un descubrimiento como el de Irulegi parece necesario un consenso científico casi unánime, mientras que cualquier tema en torno al euskara debe superar un umbral probatorio prácticamente imposible, con el aval de jueces convertidos en árbitros de la validez científica. El listón de la prueba ya no depende de la calidad de la evidencia. Y es que una sociedad no empieza a deteriorarse cuando aparecen los charlatanes. Empieza a deteriorarse cuando deja de distinguirlos.