El comisario europeo de Derechos Humanos afirma, en un tono exquisitamente diplomático, que la ley de Seguridad Ciudadana promovida por Madrid es «altamente problemática». Y el ministro de Interior español, con menos diplomacia, responde pidiendo al comisario que «respete al Gobierno, al Congreso de los Diputados y a España», y de paso demostrando que el problema no es tanto la ley como quien la ha diseñado.