La corrupción ha llegado a tal extremo que, por vez primera, el PSN ha abierto una posibilidad real de romper el pacto que ha mantenido en el poder a UPN desde el «caso Otano», en 1996. El terremoto provocado por las declaraciones de Idoia Nieves acusando a la vicepresidenta Lourdes Goicoechea de corrupción les han arrastrado hasta plantear a UPN un ultimátum y esgrimir, por fin, la moción de censura. A partir del próximo lunes, cuando comience la comisión de investigación parlamentaria, Yolanda Barcina tendrá 15 días para dimitir y convocar elecciones. En caso contrario, el PSN presentará una moción de censura con el propio Jiménez como candidato alternativo. La fecha límite, por tanto, se cumplirá el 3 de marzo. No parece que Barcina vaya a dar su brazo a torcer, dado que anoche se reunió de urgencia la Ejecutiva de UPN, y la respuesta fue un rotundo apoyo a la vicepresidenta sospechosa de haber prevaricado.

El ultimátum no parece un farol. Aunque el PSN solo tiene 9 parlamentarios y le hace falta otro más para poder presentar una moción de censura, existe un elemento capaz de unir a toda la oposición: el adelanto electoral. Debido al Amejoramiento y la legislación electoral, la única fecha viable para convocar elecciones en Nafarroa sería hacerlas coincidir con las europeas, es decir, las elecciones se adelantarían al próximo 25 de mayo. Las primeras reacciones de los distintos grupos de la oposición corroboraban la opción como viable.

Con una moción de censura se inviste un nuevo presidente en un solo día. Aun con todo, ese presidente estaría obligado a pilotar un gobierno, al menos, hasta julio (hasta las elecciones y, posteriormente, la toma de posesión del nuevo presidente electo). Según dijo Jiménez, la moción «posibilitará la creación de un gobierno de administración, un gobierno de auditoría y gestión cuyo principal objetivo será aflorar toda la verdad de las cuentas públicas. Por dura que sea». En las preguntas, el líder del PSN dio a entender que lo único irrenunciable es que él lidere el Ejecutivo, ya que fue incapaz de precisar si se trataría de un gobierno de coalición o no. Jiménez sostiene que son segunda fuerza y que «todos debemos aparcar en estos momentos los intereses partidistas, porque lo que está en juego es Navarra». EH Bildu (que controla cuatro escaños más que el PSN al sumarse Aralar-NaBai y Bildu) le dejó pasar eso de que Jiménez lidera la segunda fuerza, al entender que es prioritario acabar con UPN.

Aun a pesar de ese deseo reiterado de acabar con el Gobierno de UPN, persisten los recelos. Y Jiménez fue demasiado poco claro ayer. No supo responder con rotundidad a preguntas sobre si el nuevo gobierno resultante convocaría indefectiblemente elecciones el 25 de mayo. Tampoco respondió con nitidez sobre si el PSN, con Barcina dimitiendo sin convocar elecciones, estaría dispuesto a retomar el acuerdo con UPN. Aun con todo, Jiménez aseguró que «no habrá componendas». El problema está en que, si las elecciones no se convocan para que coincidan con las europeas, el nuevo gobierno está obligado legalmente a aguantar toda la legislatura. Es decir, un año entero más. Y dado que, hasta ahora, el PSN había sido proclive a un reencuentro con UPN si Barcina se marchaba, hay elementos para la suspicacia. Asimismo, se sabe que Jiménez se ha reunido al menos en dos ocasiones con el expresidente Miguel Sanz para reeditar ese pacto. Cabe recordar que, desde 1983, Nafarroa siempre ha estado regida por PSN o UPN.

Reunión hasta tarde para nada

El PSN ya hizo fracasar una moción de censura el pasado curso político. En esa ocasión, quien la impulsó fue EH Bildu, que promovió a Juan Carlos Longás, un profesor de Economía que se presentó como independiente y que, tras la ruptura entre Aralar y PNV prefirió quedarse en el grupo de la formación de Patxi Zabaleta. Ocurrió a mediados de abril pasado y el PSN se abstuvo.

En principio, los 15 días de plazo que tiene Barcina están vinculados al desarrollo de la comisión de investigación que registró el martes toda la oposición (incluido el PP). Esa comisión tiene como objeto verificar las acusaciones de Idoia Nieves que salpican a Goicoechea, pero también a la propia Barcina. No obstante, parece que el PSN no contempla la posibilidad de que lo dicho por la exjefa de Hacienda sea falso, ya que le han dado «credibilidad» y la defensa de Goicoechea ha sido «tímida y poco contundente».

Tras una reunión de urgencia de la Ejecutiva que terminó a las 22:00 horas y en la que no estuvo Alberto Catalán, UPN decidió renovar su apoyo a Goicoechea y acusó al PSN de ir con prejuicios a la comisión de investigación. Fue la propia Barcina quien leyó un comunicado en el que se cargaba contra Kontuz, «por instrumentalizar a los tribunales de justicia», después de que la asociación sin ánimo de lucro anunciara que hoy denunciará a Goicoechea ante el Tribunal Supremo. UPN niega que «estemos ante la mayor crisis institucional» de Nafarroa.