La Asociación de Usuarios, Consumidores y Contribuyentes Kontuz anunció ayer a través de una nota que, esta misma mañana, presentará una denuncia ante el Tribunal Supremo por cinco delitos contra la vicepresidenta del Gobierno navarro, Lourdes Goicoechea. En opinión de Kontuz, lo relatado por la exgerente de Hacienda este martes podría ser constitutivo de otras tantas infracciones del Código Penal: descubrimiento y revelación de documentos que afectan a la intimidad de las personas, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionarios y autoridades, y prevaricación.

La asociación ya advierte que esta denuncia podría ser ampliada a la propia Yolanda Barcina en el caso de que aparezcan nuevos indicios de su participación en los hechos relatados por Idoia Nieves. En concreto, Kontuz apunta a la aparición del nombre de la presidenta en las presiones que recibió la exgerente para quitar una sanción a la Universidad del Opus Dei y en la petición de información sobre las declaraciones a Hacienda de Caja Navarra, lo que hubiera supuesto la revelación ilegal de secretos de decenas de contribuyentes.

Esta solicitud referente a CAN, además, se produjo cuando todos los compañeros de Barcina en la Permanente de la Junta de Entidades Fundadoras habían sido imputados por un delito de cohecho por la juez María Paz Benito por el escándalo de las dietas. Precisamente, este escándalo fue denunciado por la asociación Kontuz. En ese momento (15 de abril del año pasado), Barcina no estaba imputada, pero ello se debía precisamente a su aforamiento, ya que solo podía procesarla el Supremo. La juez Benito acabó remitiendo un escrito explicando sus argumentos para la imputación de la presidenta navarra a la Sala del TS, que finalmente el Supremo desestimó.

Esta peculiaridad de que la presidenta navarra solo pueda ser encausada por el Supremo deriva del Amejoramiento y se extiende a todos los miembros del Ejecutivo. Por lo tanto, afecta también a la propia Goicoechea.

«El aforamiento supone un escudo judicial extra para Goicoechea, como lo fue en su día para Barcina. Kontuz considera que debe ser juzgada como uno más. No obstante, nos vemos obligados a acudir al Supremo. Así sea. Iremos a donde haga falta», señala la nota remitida a los medios de comunicación. Fue emitida media hora antes de que Roberto Jiménez diera un ultimátum de 15 días en la sede del PSN en el Paseo Sarasate, que dejó a la mayoría de la prensa fría dado que se especulaba con un anuncio de moción de censura sin medias tintas.

Kontuz asegura que la decisión de interponer una denuncia por vía penal contra Goicoechea deriva de «su compromiso con la ciudadanía navarra de esclarecer estos hechos caiga quien caiga». No obstante, la asociación insistió en que el recurso judicial no puede ser el único camino al asegurar que «confía en la movilización social como la gran herramienta que logre que los representantes políticos desempeñen su papel con una honradez acorde a la dignidad del pueblo navarro».

Por otro lado, el comunicado también muestra su preocupación por las afirmaciones que lanzó la propia exgerente de Hacienda cuando explicó las consecuencias del retraso de las devoluciones de IVA en un intento de falsear el déficit, que finalmente el Eurostat (la institución europea que mide el déficit de forma oficial) no dio por bueno.

A este respecto, Nieves aseguró en su comparecencia parlamentaria que la decisión de atrasar el IVA «lesionó todavía más la liquidez de las empresas en una situación muy complicada para obtener financiación». Es más, la propia jefa de los técnicos de Hacienda le había advertido de las severas repercusiones que esto tendría en particular para las empresas exportadoras, que eran las que tiraban del carro de la economía navarra. «Como asociación de contribuyentes nos preocupan profundamente estas afirmaciones, así como la afección que tuvo esta decisión en los ajustes con el Estado. Por ello entendemos que también son exigibles responsabilidades fuera de la sede judicial», dice Kontuz.

Los manejos corruptos

En su declaración del martes, la exgerente de Hacienda fechó diversos intentos por parte de la consejera Goicoechea de eliminar sanciones a determinadas empresas (algunas por un interés que dijo compartido con Barcina y otras, por ser clientes de su asesoría particular), así como presiones para que le facilitara el calendario de inspecciones y para que se «tratase bien» a contribuyentes concretos.

Goicoechea ha asegurado que emprenderá acciones legales contra Nieves. Pese a ello, la exjefa de Hacienda aseguró estar en posesión de, al menos, un correo comprometedor referente a un eventual trato de favor a la Universidad del Opus Dei, así como de la solicitud ilegal de información sobre lo que Caja Navarra pagaba a sus directivos y consejeros.

Si Kontuz cumple con su compromiso de presentar la demanda, Goicoechea acabará en los tribunales, pero no como parte acusadora que es lo que ella pretendía, sino como acusada de cinco delitos que conllevan su inhabilitación para la política.

Por otro lado, Nieves insinuó que Goicoechea pudiera estar vulnerando la ley de incompatibilidades al continuar trabajando en su asesoría fiscal para empresas. Esta irregularidad, de corroborarse, tendría un régimen sancionador distinto y debería de ser el propio Gobierno de Navarra quien lo ejecute.