El PSN dio un puñetazo en la mesa que acerca a Nafarroa a un adelanto electoral. Tras interrogar profusamente sobre los distintos escándalos relatados por Idoia Nieves y, en concreto, por los correos en los que Lourdes Goicoechea manifiesta su disconformidad por la sanción a la universidad del Opus Dei, su portavoz solicitó que se deduzca testimonio por «tráfico de influencias». El representante de UPN, Carlos García Adanero, interrumpió el turno de palabra de Pedro Rascón para atacar al PSN acusándoles de actuar con premeditación. «Haya paz», medió el presidente, Juan José Lizarbe. La sesión continuó con la intervención de Bildu, que se extendió hasta las 21.45 horas, cuando Lizarbe decidió cortar para proseguir hoy mismo.

«¿Qué van a hacer ustedes? Entiendo que se sumarán a la denuncia de Kontuz y ELA en el Supremo», le espetó García Adanero a Rascón y Lizarbe tras escuchar la acusación por tráfico de influencias. «He pedido que se deduzca testimonio por tráfico de influencias», se mantuvo Rascón, quien sostuvo que lanzó la acusación en ese momento con la esperanza de que en las conclusiones de la comisión de investigación se atienda esa solicitud. Adanero le replicó que no hace falta esperar, que lo oportuno es que vayan con ELA y Kontuz al Supremo (además de tráfico de influencias, Kontuz le denunció ante el Supremo por negociaciones prohibidas y revelación de secretos).

Rascón estuvo prácticamente dos horas interrogando a Goicoechea. El detonante de la acusación estuvo en los correos electrónicos que acreditan cuatro intervenciones de la consejera en favor de la universidad del Opus Dei. El objeto de la inspección era la omisión en los salarios a sus trabajadores de la matricula gratuita para sus familiares en dicho centro. Goicoechea reconoció que la universidad jamás ha pagado por este concepto. Según esos correos, la mano derecha de Barcina cuestionó el inicio de la inspección y también el criterio utilizado. Prefería que para la «regularización» se tomara como base el coste de una matrícula en la universidad pública y no la del centro concreto, que puede ser cuatro o cinco veces más cara. En uno de esos mensajes calificaba la inspección como «una faena» y prometía comentarlo con la presidenta, cosa que hizo, remitiendole también el mismo «email».

Por su parte, Bildu también cuestionó su intervención en la conservera Almanaque, asegurando que su intervención permitió que se ampliaran los plazos. Maiorga Ramírez preguntó a Goicoechea por haber mantenido el cargo de administradora en Talleres Ezkerra después de su nombramiento. Goicoechea dijo que fue un «error», como el que se desveló en prensa hace unos días en la empresa Marchi S.L. (que lleva el restaurante de uno de los hoteles de Antonio Catalán).

Ramírez cuestionó la credibilidad de la vicepresidenta después de que por la mañana se hubiera conocido que participó junto con la presidenta y los dos componentes de UPN de la comisión (García Adanero y Sergio Sayas) en reuniones preparatorias de su intervención. El parlamentario le acusó de buscar con ese encuentro una«versión coherente» después de haberse contradicho los unos a los otros en las sucesivas declaraciones que han venido haciendo.

Vuelta a las dietas de la CAN

El testimonio de la vicepresidenta hizo que el Gobierno de Barcina volviera a encallar en las dietas de Caja Navarra. Goicoechea ofreció ayer su tercera versión sobre la presunta petición a Hacienda de los datos de pagos a directivos y consejeros de la caja, así como de los pagos a proveedores. La vicepresidenta negó ayer haber solicitado esos datos (los formularios 190 y F50) a sabiendas de que son documentos secretos. El problema está en que Barcina ya había dada por buena esa solicitud, alegando que se pidieron para poder devolver las dietas.

Goicoechea intentó desmentir el testimonio de Idoia Nieves, alegando para las acusaciones más graves (petición del Plan de Inspección tras una comida o interceder para minorar sanciones a empresas) no hay más pruebas que el testimonio de una contra la otra. Por eso, para la vicepresidenta, obtener credibilidad ayer era fundamental. Y Goicoechea comenzó mal al meterse en un lodazal complicado. Aseguró que jamás pidió a Nieves información privilegiada en CAN. El problema es que hay un documento que lo acredita. Se trata de un estudio informal de los servicios jurídicos de Hacienda que Nieves le remitió para negarse a sus pretensiones.

La consejera aseguró que la petición no fue de datos clasificados, sino que buscaba una respuesta que dar a las continuas peticiones de información por parte del Parlamento. Pero eso no fue lo que dijo la primera vez que compareció públicamente, porque esa vez sí que reconoció haber solicitado los formularios fiscales. «No pedí datos sino quién debía tener unos determinados documentos», dijo.

Al final, resultó que ninguna pregunta parlamentaria había solicitado dicha documentación. Asimismo, Goicoechea reconoció que normalmente no es ella quien hace esas consultas legales, sino que son otras personas de su gabinete.

Hace unos días, Barcina salió a cubrir a Goicoechea al asegurar que la petición se realizó solo para saber cuánto cobró ella y poder devolverlo. Ayer, la versión era nueva y la consejera mezcló las anteriores. Pidió una respuesta jurídica para contestar a los parlamentarios y también lo cobrado por Barcina. La presidenta tiene hoy posibilidad de aclarar el entuerto.