28/03/2014

Iturbe tumba la iniciativa que garantiza la Obra Social en Kutxa

El voto de calidad del presidente de Kutxa, Xabier Iturbe, sumado a los de PNV, PSE y los sindicatos CCOO y Pixkanaka, tumbaron la iniciativa de los siete consejeros abertzales que trataba de garantizar el futuro de la Obra Social de la entidad.

Iñaki TELLERIA DONOSTIA
Euskaldunización. En el consejo compareció el responsable de Euskara de la Kutxa y quedó confirmado que no existe ni plan de euskara, ni plan de normalización lingüística, ni siquiera un informe sobre la realidad de este idioma en la entidad.

Los miembros del consejo de administración cercanos a EH Bildu lograron introducir en el orden del día de la reunión de ayer la propuesta para debate y votación de que «al menos el 30% del resultado anual, según los estados financieros individuales de la Sociedad Central (Kutxabank), sea objeto de distribución a las cajas con el objeto de ser destinado por éstas a la Obra Social». Añadía la iniciativa que durante los tres primeros años el mencionado importa «no será, en ningún caso, inferior al gasto anual recurrente de cada una de las tres cajas, más los programas de inversión ya comprometidos por las mismas».

La iniciativa fue expuesta pero el resultado de la posterior votación fue el mismo de siempre: 7 votos favorables de los consejeros abertzales y otros 7 en contra de PNV, PSE y los sindicatos CCOO y Pixkanaka, con lo que termina decidiendo el voto de calidad del presidente, Xabier Iturbe. En la reunión de ayer ya no estuvo el representante de la DYA, después del anuncio de esta asociación de que renunciaban al puesto en el consejo «para evitar tomar decisiones políticas», a pesar de que lo llevan haciendo desde finales de 2012.

Ley de Fundaciones

En este caso, el argumento que utilizaron para tumbar la iniciativa es que «ya no tiene sentido» una vez aprobada la Ley de Fundaciones Bancarias que aprobaron el año pasado entre PNV y PP y que, según sus firmantes, fija como proporción máxima el 25%.

Con el mismo resultado en la votación, tampoco salió adelante la propuesta abertzale que se dejen de aplicar absolutamente todos los contratos hipotecarios a los que se les aplica el índice IRPH y que se haga con carácter retroactivo para los anteriores a 1 de noviembre de 2013.

Kutxa aplicaba el índice IRPH, que es siempre superior al Euríbor, a 9.000 contratos hipotecarios de Gipuzkoa. Tras la aprobación de la ley que obligaba a anularlos a partir de esa fecha, la entidad aplicó al cambio al Euríbor+1 a 4.900 hipotecas.

Los consejeros soberanistas propusieron ayer extender el cambio a los restantes 4.100 afectados, atendiendo al alarmante aumento de casos de precariedad social, por lo que pedía además que la medida se aplicara de forma urgente. La iniciativa también fue rechazada con el mismo número de votos y el significativo silencio de los consejeros de los sindicatos CCOO y Pixkanaka.

Sin representante

Respecto a la baja del representante de la DYA, los consejeros abertzales plantearon la apertura de un proceso rápido que restituya cuanto antes la representatividad de los colectivos.

Nuevamente, se impusieron los deseos de Iturbe de dilatar el proceso y fijar su comienzo en la siguiente asamblea general. Sin embargo, según otras fuentes cercanas al propio Iturbe, el presidente estaría pensando dejar este puesto del consejo vacante para siempre, a la espera de que se produzca el cambio definitivo y la caja pase a ser una fundación.

El PNV mantiene su silencio sobre los 30 millones

El PNV mantiene un silencio absoluto sobre la sentencia del Tribunal Supremo (TS), según la cual la Diputación de Gipuzkoa deberá abonar a Kutxabank casi 30 millones de euros por la mala gestión de una inspección en 2001, cuando la institución foral estaba presidida por el jelkide Román Sodupe, el diputado de Hacienda era Antton Market y el director de este departamento, Víctor Bravo.

El PSE mantiene posición similar, si bien matizó que está a la espera de las explicaciones que ofrezca en las Juntas Generales de Gipuzka la diputada Helena Franco. Sin embargo, el PP ha propuesto la creación de una comisión de investigación que determine «si la práctica de firmar vistos buenos fiscales, como presuntamente hizo el exsenador del PNV y director de Hacienda, Víctor Bravo, en aquellos tiempos, guarda relación con lo descubierto en la última comisión de investigación sobre el sistema de promoción de empresas (SPE)».

Entretanto, la portavoz de la Diputación, Larraitz Ugarte, afirmó que «hay alguna opción» para recurrir ante el Constitucional. Recordó que están analizando la sentencia con detenimiento para ver las posibilidades de una posible impugnación. I.T.