En su versión antigua, acordada por el Parlamento de la República Federal de Alemania en 1949, la Ley Fundamental decía que mantenía «en pie la invitación para que todo el pueblo alemán, en el ejercicio de su libre autodeterminación, consume la unidad y libertad de Alemania». En aquel entonces, Bonn ignoraba la existencia de la socialista República Democrática Alemania y el control que Polonia y la Unión Soviética ejercían desde 1945 sobre los antiguos territorios alemanes de Silesia y Prusia. Todo ello fue producto de la Segunda Guerra Mundial, perdida por la Alemania nazi.

En el año 1989, el ejercicio del derecho a decidir levantaba ampollas fuera y dentro de Alemania. El Partido Socialdemócrata (SPD) lo relegaba a un segundo plano, prefiriendo la realpolitik y reconociendo a la RDA como segundo Estado alemán. La Unión Demócrata Cristiana (CDU) tenía una visión completamente diferente.

Ante la fuga de miles y miles de alemanes de la RDA en aquel verano, el canciller Helmut Kohl resaltó en su informe sobre «la situación de la nación en la Alemania dividida», expuesto ante el Bundestag el 8 de noviembre, que «la libre autodeterminación para todos los alemanes era y sigue siendo el corazón de nuestra política para Alemania».

Un día más tarde, Günter Schabowski, en nombre del Gobierno de la RDA, anunció la inmediata apertura de las fronteras y la libre circulación de sus ciudadanos. Sus palabras desataron la dinámica que acabaría con la existencia del Estado socialista.

A finales de noviembre, Kohl propuso ante el Bundestag la creación de una «confederación» entre los dos estados «para que el pueblo alemán pudiera lograr de nuevo su unidad en libre autodeterminación».

Sus palabras pusieron en guardia a los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo a la británica Margaret Thatcher y al presidente francés François Mitterand, quienes temían la resurrección de una potencia alemana, incontrolada, fuera de la OTAN y de la Comunidad Europea (CE), que podría poner en riesgo la correlación de fuerzas y la paz en Europa.

En la cumbre de Estrasburgo, celebrada en diciembre, Mitterand logró, tras unas negociaciones maratonianas, que el proceso «bajo el cual el pueblo alemán pudiese conseguir su unidad a través de la libre autodeterminación» no solo se rigiese por los principios recogidos en el acta final de Helsinki de la Conferencia por la Seguridad y Cooperación en Europa (CSCE), sino que también tendría que tener como objetivo la «integración comunitaria». Como tal se decidió la creación del euro como moneda única y cambiar la CE por la Unión Europea.

El 12 de diciembre, la Asamblea Nacional francesa debatió la unificación alemana. El ministro de Exteriores, Roland Dumas, consideró que «la solución permanente a la cuestión alemana» se basaba en dos principios: «en el derecho a la autodeterminación» y en que «esta decisión fuese aceptada por los demás países europeos, especialmente por los países vecinos» de Alemania.

Dumas concluyó que «por primera vez desde el final de la guerra, el derecho a la autodeterminación del pueblo alemán deja de ser teórico y será realidad, siempre que no se obstaculice el camino hacia la libertad, paz y solidaridad».

Acto seguido, la política exterior de Bonn se adaptó a estas exigencias, preparando la proyectada UE y reconociendo la línea Oder-Neisse, es decir la frontera oriental de la RDA, como el límite definitivo del futuro estado con Polonia y la URSS.

El 10 de febrero de 1990, Kohl declaró tras haberse entrevistado en Moscú con el secretario general soviético Mijail Gorbachov que «ambos estamos de acuerdo en que le corresponde al pueblo alemán decidir si quiere convivir bajo un mismo estado». Con este respaldo internacional, Kohl preparó la adhesión de la RDA a la Ley Fundamental que se consumó el 3 de octubre de 1990, pero sin celebrar un referéndum.

Desde entonces, en el preámbulo de la Ley Fundamental consta que los alemanes de los 16 estados federales «han consumado, en libre autodeterminación, la unidad y la libertad de Alemania».

Tomando como base este mismo derecho, el profesor de la Universidad de Manheim y asesor de la canciller alemana Angela Merkel, Roland Vaubel, defiende el derecho a la secesión de los escoceses y catalanes. En un artículo científico publicado en 2013, el economista remarcó la necesidad de negociar este proceso. Por un lado, propuso la celebración primero de un referéndum en cada región sobre si realmente se quiere la secesión y, en caso afirmativo, otro. Todo este proceso debería estar acompañado por negociaciones entre la región y el Estado del cual quiere salirse.

Vaubel sostuvo, además, que una separación de Catalunya del Reino español no conduciría a su expulsión automática de la Unión Europea, porque el artículo 34 de la Convención de Viena decreta que todos los contratos internacionales seguirán estando en vigor en ambos estados. A este respecto, incidió en que «no hay leyes explícitas» referentes a la secesión dentro de un estado miembro de la UE.

«No hay precedentes» y los dirigentes comunitarios «pueden hablar pero es un tema que está completamente en el aire. No hay una ley internacional clara», destacó. «La Comisión Europea intenta desanimar la secesión de Catalunya y Escocia afirmando que dejarán de ser miembros de la Unión. No hay base que hable de esto en la ley internacional y no es competencia de la Comisión Europea pronunciarse sobre ello, sino del Consejo Europeo», reiteró.