Abel Sanz, Akina de la Cruz, Ana Fernandez (*)
Plataforma de la Renta Básica
KOLABORAZIOAK

El consejero Alli y su Workhouse foral

Con la medida anunciada, sabe de antemano que van a detectar 250 casos de fraude. El Consejero Alli lo sabe igual que los policías de raza saben quién es el culpable antes de que se constate que hay delito

El Consejero Alli ha presentado un plan de medidas para el control de la Renta de Inclusión Social. Al Consejero Alli le parece muy peque- ño el fraude constatado hasta ahora, 68 casos de 9.700 familias, y con las medidas anunciadas sabe de antemano que van a detectar 250 casos de fraude. ¿Cómo lo sabe? Instinto. Lo sabe igual que los policías de raza saben quién es el culpable antes incluso de que se constate que hay delito.

El plan propone muchas cosas. Propone vigilar el cumplimiento de la obligación de los perceptores de residir de forma permanente y continuada en la Comunidad foral, en especial los que tienen doble nacionalidad. Nos preguntamos por qué le parecerá tan necesaria esta distinción que discrimina entre españoles de nacimiento e inmigrantes o españoles de nacionalidad «sobrevenida». Y la respuesta probablemente está en que este requisito de la RIS está puesto para excluir. Curioso marketing político, que bautiza con una palabra, inclusión, lo que se legisla con la finalidad contraria.

También se exigirá que los menores de la unidad familiar que recibe la RIS estén escolarizados y asistan de manera activa, continuada y permanente a su centro educativo. Nos preguntamos si esto no es competencia de la Sección de Protección del Menor. Y nos volvemos a preguntar si esta obligación no es exigible no solo en el caso de familias perceptoras de la RIS, sino a todas las familias. Parece que a Alli le preocupa más encontrar otro motivo para excluir de la RIS que corregir lo que está mal, haya o no RIS de por medio.

El Ejecutivo foral también prestará atención al seguimiento de los «acuerdos de incorporación socio laboral» que firman los perceptores de la RIS, teniendo en cuenta las acciones de formación que realicen y que lleven a cabo una búsqueda acreditada de empleo. Como se trata de un «acuerdo», preguntamos al Ejecutivo qué está haciendo para cumplir su parte, que es dotar de recursos de formación suficientes para cumplir esos acuerdos.

Nos dicen que Gobierno de Navarra analizará la retirada o no concesión de la RIS a aquellas personas con sentencia firme en contra, relacionada con delitos contra la salud pública (tráfico de drogas), violencia contra la mujer, delincuencia violenta o robos con violencia e intimidación. Pues tendrán que hacer otra versión de la RIS con nuevas cláusulas añadidas de exclusión, ya que todas las que han cocinado hasta ahora no contienen ningún articulo que lo permita. Es ilegal, por tanto, lo que proponen. Y, además, el Consejero Alli nos tendrá que explicar cómo va a trabajar la reinserción social de estas personas, si es que ha oído hablar de reinserción. Quizás le parezca que, tras cumplir condena en la cárcel, conviene añadir otra condena a no comer para facilitar su rehabilitación. Esta debe ser una nueva variante de la doctrina Parot, versión para pobres.

Gobierno de Navarra va a investigar la vida sentimental de los pobres, para ver si puede ahorrar pagando una RIS para dos en lugar de dos. Va a investigar la economía sumergida, pero solo la de los perceptores de RIS, no la de los empleadores que se lucran. Nosotros proponemos que sea más ambicioso: investigue el fraude fiscal en toda su amplitud, porque seguro que se puede financiar una RIS mucho menos miserable que la que tenemos.

Una mayoría de los 68 casos de fraude detectados tiene que ver con «falta de compromiso en la formación y búsqueda activa de empleo». Si el Consejero Alli llevara dos años y más buscando trabajo sin encontrar nada, quizás comprendería lo que es desfallecer, desfallecer de verdad según el DRAE: perder el aliento y las fuerzas. Nuestro Consejero quiere héroes al modo militar, con el cañón de un fusil en la espalda y un sargento-consejero diciéndote camina o revienta.

¿Navarra en el puesto 14 de las regiones europeas con menos pobreza? ¿Y qué? ¿Le sirve el ciego de consuelo al tuerto? ¿No se pregunta cuánto mejoran nuestras estadísticas empujando a los inmigrantes de vuelta a sus países o, simplemente, gaseándolos como a los judíos pero de una manera más sutil, quitándoles los papeles?

Señor Alli, lo peor de las medidas «de control» que usted anuncia es la nube de sospecha y culpabilización que extienden sobre una parte cada vez mayor de nuestra sociedad. Sobre la gente más indefensa. Para usted, si eres pobre con trabajo, tienes lo que te mereces, y si eres pobre sin trabajo y reclamas algo tan elemental como el derecho a subsistir, eres sospechoso de fraude. ¿Ha estudiado usted el modelo de las Workhouses del siglo XIX? Lea a Dickens, igual le sugiere ideas para perfeccionar el modelo foral. Podrían, por ejemplo, incluir obligaciones piadosas, pues qué importa si se pierden los cuerpos con tal de que se salven las almas.

La pobreza es un estigma. La pobreza debería ser delito en nuestra sociedad. Pero de ese delito no son culpables los pobres, sino aquellos que nos gobiernan y que en lugar de combatirla criminalizan a quienes la padecen.

(*) También firman este artículo Felipe Martín, Javier Urroz, Marisol de la Nava y Rafael Paredes.