El recientemente fallecido Gabriel García Márquez quiso entregar los 10.000 dólares de un premio literario a una organización de solidaridad con los presos políticos en Colombia. Pero, en medio de una durísima represión y violaciones de derechos, no había. «Pues fundala, no joda, inventátela», emplazó Gabo al periodista Enrique Santos Calderón.

Así nació en 1973 la primera ONG defensora de derechos humanos en el país, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, que se nutrió de la labor de líderes sindicales, líderes barriales, de defensores de derechos humanos, para defender la libertad de los civiles, garantizar un acceso a la justicia y un proceso legal y acompañar a líderes sociales. Representan a víctimas de ejecuciones extrajudiciales, desplazamientos forzados, tortura y desapariciones, además de los presos. También ellos han sido objeto de muertes, desapariciones y amenazas. Temen que el Gobierno responda con represión al probable aumento de la movilización social.

Con las conversaciones de paz da la impresión de que la situación de los derechos humanos ha pasado a un segundo plano.

En Colombia, la crisis de los derechos humanos y la crisis humanitaria persiste a pesar de la imagen que el Gobierno quiere transmitir a la comunidad internacional. Las organizaciones de derechos humanos apoyamos el proceso de paz y lo consideramos muy positivo y muy necesario para acabar con la violencia en la cual la mayor carga, las pérdidas humanas, las ha sufrido la población civil. Celebramos que el gobierno haya tenido un cambio en el lenguaje respecto del que usaba Uribe con los defensores de derechos humanos a quienes asociaba con el terrorismo, con la insurgencia. Pero más allá de estos dos hechos, la crisis de derechos humaos permanece. El año pasado fueron asesinados 78 defensores de derechos humanos en Colombia. Una cifra que ha venido creciendo. La mayoría fueron líderes que reclaman tierras en virtud de la ley de víctimas y de restitución de tierras. También líderes indígenas, mujeres y en general personas que defienden los derechos humanos. Se presentaron al menos 300 agresiones o amenazas. Es una situación muy preocupante. Otro riesgo es que el conflicto armado permanece. No ha habido un cese de hostilidades. El Gobierno se ha negado a una tregua de los actores armados y eso sigue generando peligro, principalmente para las comunidades rurales. El conflicto permanece oculto porque hay margen para la impunidad.

¿Creen que es necesario un alto el fuego mientras se mantienen las conversaciones?

Todas la partes deben respetar el derecho internacional y el derecho humanitario, y se debe respetar a la población civil. Una de las cosas que hemos reafirmado en este diálogo es el ofuscamiento, la falta de información que existe en Europa frente a lo que acontece. Las noticias que llegan sobre Colombia o son favorables al Gobierno o presentan una visión distorsionada de los problemas. No la violencia, la exclusión social, la persecución a los defensores de derechos humanos... esos que deberían ser los grandes problemas que Colombia debería estar resolviendo sobre los que la comunidad internacional debería estar prestando su acompañamiento.

Ustedes trabajan también por los derechos de los presos.

En este momento hay más de 120.000 personas en las cárceles cuando la capacidad es para 75.000. Hay un hacinamiento medio del 56% pero puede llegar al 300% en algunos centros carcelarios. La situación de salud de los presos es muy difícil y las condiciones de salubridad son precarias. Por ejemplo, la cárcel de Valledupar, que hemos denominado «cárcel-tortura»; a 40° no hay ventilación, ni agua. Un ejemplo que ilustra lo que sucede es que en enero al menos 14 presos murieron calcinados vivos en un centro en Barranquilla.

¿Y en la calle? ¿Sobre qué más situaciones trabajan?

Nos preocupa el respeto a la movilización ciudadana. El año pasado hubo movilizaciones campesinas todo el año. El Gobierno, en vez de brindar un trato basado en el diálogo, en la atención a los requerimientos a la gente que se movilizaba y que pedía que se respetaran sus derechos para salir de la situación crítica que vive el agro colombiano por las medidas de libre comercio, desató una ola de represión cuyo resultado fue que 15 personas fueron asesinadas, 12 por arma de fuego. En el Catatumbo murieron cuatro personas, lo que obligó a la oficina de la comisionada de la ONU a un llamado al Gobierno y el Gobierno respondió casi con enojo. Además, se presentaron al menos 3.000 detenciones arbitrarias que ahora deben afrontar procesos penales que les pueden llevar a la cárcel. 51 estaban en la cárcel hasta hace poco tiempo. Creemos que la movilización social se incrementará y nos preocupa que la respuesta del Estado no sea el diálogo sino la represión. Se están aplicando leyes como la de seguridad ciudadana, que sanciona la obstrucción de vías y genera un amplio margen para las fuerzas armadas y para un uso desproporcionado de la fuerza.

¿Esa represión también se sigue dando en la actividad política?

Líderes de organizaciones como Marcha Patriótica, el Congreso del Pueblo o el Polo Democrático alternativo vienen siendo asesinados, amenazados y no hay garantías para ellos. El paramilitarismo continúa teniendo presencia en Colombia. Las cifras oficiales dicen que hay al menos 3.000 de los denominados «bacrim», grupos que no se desmovilizaron o volvieron a las armas. Siguen actuando y generando terror entre la población civil. Además, el 15 de agosto van a salir al menos 200 paramilitares detenidos en el marco de ley de Justicia y Paz de 2005, mediante la cual se `desmovilizaron', entre comillas, los grupos paramilitares. Muchos van a salir sin haber recibido una condena. Solo 14 han sido sentenciados y tienen en su haber al menos 33.000 delitos gravísimos. Va a haber un grado de impunidad aterrador. No fueron juzgados, no hubo verdad, no hubo justicia y no ha habido reparación. Van a salir a la calle con los peligros de que puedan escapar, se rearmen o se incorporen a los aparatos militares que dejaron latentes.