El soberanismo avanza en las últimas elecciones en Catalunya. ERC logra la primera posición y es garantía de que CiU no se desvíe mucho de la demanda del derecho a decidir. Encima hacen cadenetas humanas que se convierten en modelo para copiar en otros lados.

Sí, todo eso es cierto. Pero también es verdad que debajo de la reivindicación legítima de los derechos nacionales se esconde el mantenimiento de un modelo que sigue conculcando derechos sociales, privatiza servicios básicos y beneficia a la casta, la última palabra que se ha puesto de moda gracias a Podemos. ¿Cómo se puede entender que cuando todavía no se han apagado los ecos de la euforia electoral coja un concejal y decida derribar un centro social como Can Vies, que ha sido referencia de los movimientos populares en Barcelona durante 17 años? Un concejal de CiU, de ese partido que dicen que ha hecho una apuesta por el derecho a decidir. Se ha acabado la campaña electoral y se quita la voz al pueblo.

Y de paso que vayan los mossos a atacar la redacción de una publicación como «La Directa». Ver a un parlamentario en la puerta de un medio de comunicación para que no se produzca una agresión es un ejemplo del concepto de libertades y derechos que tienen algunos. Sucede en Sants, en Barcelona, en Catalunya. No en Ucrania. Al menos, el máximo responsable político de los Mossos d'Esquadra ha tenido que dimitir. Pero es que ya tenía una larga retahíla de escándalos.

Se supone que para avanzar en la senda de la independencia es necesaria la colaboración de todos. Ocupar policialmente el barrio de Sants es una mala manera de tejer complicidades. A algunos se les llena la boca de crítica cuando es Yolanda Barcina quien desaloja el Euskal Jai de Iruñea. Pero esa crítica es mucho menor cuando es el PNV el que derriba Kukutxa o CiU el que destroza Can Vies.

Avanzar unidos por el soberanismo es algo bueno, pero no se puede hacer si únicamente se basa en modelos de exclusión social. La Troika no está solo en Bruselas.