La Asamblea de las Cámaras de Comercio e Industria (CCI) de todo el Estado francés, en la que el presidente de la de Baiona, André Garreta, tomó la palabra, ha decidido suspender toda colaboración con el Estado después de conocer, vía una publicación en «Les Echos», que el gobierno se dispone a reducir las 145 CCI existentes a 22 (una por región metropolitana).

El informe provisional de la Inspección General de Finanzas (IGF), de la de Asuntos Sociales (IGAS) y del Consejo General de la economía, industria, energía y tecnologías (CGEIET) sugiere al Gobierno dicha reducción toda vez que, en su análisis de la situación de todas las CCI, ha constatado que la mayoría tienen una «situación financiera confortable» por lo que proponen realizar recortes presupuestarios severos. Además, el informe reprocha a las CCI «mala gestión», «multiplicidad en las ámbitos donde actúan ya que existen otros agentes» y demasiada «atomización».

Retirada de confianza

Aunque la versión definitiva no será entregada al gobierno hasta el verano, las CCI no han tardado en reaccionar. Lo han hecho adoptando al 95% una declaración de defensa de las empresas en la que afirman que retiran «inmediatamente» su confianza al gobierno. Por lo tanto, «mientras este no haya tomado una decisión que las CCI esperan sea razonable», suspenderán todas las acciones en curso con el Estado y no promocionarán las políticas públicas, en particular el Pacto de responsabilidad que el presidente Hollande está a punto de poner en marcha.

En su intervención, Garreta criticó que el análisis de los entes oficiales no haya efectuado una evaluación de la acción de las CCI y recordó que estas acompañan a 35.000 pymes, forman a 170.000 jóvenes en sus escuelas superiores, a 100.000 aprendices y 400.000 cursillistas en los programas de formación permanente, gestionan 90 puertos de comercio y pesca, 128 zonas de actividades y 65 incubadoras de empresas.

Calificó de «nuevo impuesto a las empresas» el hecho de que el Estado pretenda obtener recursos de los fondos de rotación dirigidos a inversiones estructurales que las CCI realizan cada año. Garreta deploró, además, que el Estado castigue la buena gestión y alertó del riesgo «de conducir a nuestro país al abismo» que supone poner bajo «sospecha e incluso condenar» a los que no son deficitarios.