Un Consejo de Ministros extraordinario aprobará hoy el proyecto de ley orgánica que rija el proceso de sucesión de Juan Carlos I y la coronación de Felipe VI. Se prevé que será un texto breve y su aprobación en las Cortes generales se hará por un procedimiento urgente.

Desde la convocatoria por sorpresa de ayer del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en la Moncloa, pasando por el retraso por dos veces de la emisión del mensaje real previamente grabado, hasta llegar a este proceso exprés de relevo, todo tiene un aire de urgencia, apremio e imprevisión que no concuerdan con la realidad de que quien abdica es un rey de 76 años y con un evidente deterioro físico.

El tabú que durante años ha rodeado a todo lo relativo con la monarquía puede ser uno de los motivos que han impedido que en los 35 años y medio que han pasado desde que se aprobó la Constitución de 1978, ningún gobierno haya tenido la previsión de abordar la redacción de la Ley Orgánica que, según se recoge en el artículo 57.5 debe resolver las dudas referidas a la abdicación. Es como si nadie hubiera querido importunar a Juan Carlos I con la evidencia de que el tiempo pasaba también para él o se quisiera impedir cualquier debate sobre el tema.

El proyecto de Ley Orgánica que hoy apruebe el Consejo de Ministros deberá ser aprobado primero por el Congreso y luego por el Senado. El PP tiene la mayoría absoluta suficiente para garantizar que saldrá adelante.

Sin embargo, a nadie se le oculta que esa votación tendrá un importante carácter simbólico. Por un lado, la imagen de la Corona quedaría tocada si la aprobación no se acerca mucho a la unanimidad. Pero por otro, el reforzamiento de la izquierda republicana en las últimas elecciones europeas pone en una situación incómoda a un PSOE que hace unos meses no hubiera tenido ningún problema en aceptar cualquier texto de corte institucional que presentara el Gobierno.

Dos cabos sueltos

La abdicación de Juan Carlos I en su hijo Felipe deja sueltos dos cabos desde el punto de vista legislativo. Uno de ellos es que sigue sin resolverse la primacía sucesoria del varón sobre la mujer que en pleno siglo XXI sigue consagrando la Constitución. En 2006, a consultas del Gobierno de Zapatero, el Consejo de Estado admitió la necesidad de acabar con esa previsión discriminatoria. Sin embargo, nada se ha hecho en esta materia por el miedo a entrar en reformas.

El otro cabo suelto es que hasta la fecha Juan Carlos de Borbón ha sido inviolable y sus actuaciones no estaban sujetas a responsabilidad judicial. Pero no hay previsión ninguna sobre cuál es la condición penal de un rey dimisionario. Todo lo hecho por el rey hasta ahora -incluidas sus actuaciones en casos que están siendo investigados, como el Noos- no podrá enjuiciarse, pero ¿qué ocurrirá de aquí en adelante?