La Audiencia Nacional ha absuelto a 40 jóvenes que estaban acusados de pertenecer a ETA por su supuesta militancia en la organización ilegalizada Segi. La Fiscalía pedía entre seis y doce años de prisión. La sentencia echa por tierra las tesis policiales y considera que los acusados no provocaron actos de violencia callejera y que su actividad política era legal y no tenía relación con Segi. La Fiscalía no recurrirá la sentencia absolutoria.

Hasta aquí lo que probablemente hayas leído en la mayoría de los medios de comunicación. A partir de ahora lo que no mencionan: las torturas.

La mayoría de los acusados denunciaron torturas durante su periodo de incomunicación y, aunque la Audiencia Nacional no es la encargada de juzgar esos malos tratos, el tribunal sugiere que las declaraciones ante la policía pudieron ser forzadas. (...)

La lectura de la sentencia deja un panorama desolador. Los médicos forenses se limitan a consignar lo que dice el detenido, pero ante la presencia de huellas físicas o testimonios de posibles maltratos, no se producen actuaciones para evitarlas. Los abogados de oficio -los detenidos en régimen de incomunicación no tienen derecho a un abogado propio- acuden, en muchos casos, a las declaraciones judiciales como comparsas, sin que los detenidos puedan tener un mínimo derecho a la defensa.

(...) Lo extraordinario de esta detallada radiografía sobre las entrañas del modo en el que tienen lugar los interrogatorios policiales es que la alarma no la hace saltar una ONG o un abogado de un detenido: es un tribunal de justicia. Es la Audiencia Nacional la que otorga veracidad a las denuncias de torturas y anula las declaraciones policiales. Este caso tendría que haber provocado un escándalo. O, al menos, algo más de atención informativa. Aperturas en los periódicos. Expertos sobre derechos humanos en televisión. Algún tipo de investigación. Pero nada.

Sólo un ejemplo: en la sentencia la palabra 'tortura' se cita en 64 ocasiones; he leído informaciones periodísticas sobre la sentencia en la que no se escribe 'tortura' ni una sola vez.

En España se ha torturado a presos iraquíes, a internos de los CIEs, inmigrantes que paseaban por la calle, directores de periódicos, activistas del 15-M... pero los poderes públicos y los medios de comunicación actúan como si nada pasara. (...) Las autoridades no aplican medidas para erradicar los malos tratos policiales e ignoran, en muchos casos, las denuncias presentadas por las víctimas. Muchos torturadores han sido indultados. Algunos, incluso, condecorados. Pero el silencio sigue. Hablar de torturas en España sigue siendo tabú. (...)