Cualquiera sabe, porque el calendario manda, de que a la vuelta del verano se decantará el futuro de la consulta catalana, prevista para el 9 de noviembre. Lo que no se sabe es qué hablaron Mariano Rajoy y Artur Mas el pasado 31 de julio en La Moncloa. El president afirmó previamente que tras ese contacto llegaría la hora de las decisiones potentes, pero se marchó de vacaciones, igual que el presidente español, dejando todo como estaba antes. En este contexto difuso, ayer la vicepresidenta de la Generalitat lanzó una pequeña bomba dialéctica que movilizó rápidamente al soberanismo. Dijo en una entrevista radiofónica que si, como es evidente que pasará, el Tribunal Constitucional español impugna la consulta, los catalanes terminarán pronunciándose «si no es en este 9 de noviembre, en otro 9 de noviembre».

En una entrevista a la emisora Rac1, Joana Ortega -perteneciente a Unió, la formación más reticente a la consulta, y figura clave en el Govern como consejera de Gobernación y Relaciones Institucionales- dejó claro que no está en su mente «actuar al margen de la legalidad». Hasta aquí no hay novedad, porque expresiones similares ha utilizado Mas en público y en privado. Sin embargo, en más de un pasaje de la entrevista Ortega incidió en que «un impedimento jurídico no mata el anhelo de Cataluña de votar, lo aplaza», sin contemplar otras opciones que den continuidad al proceso soberanista en clave ofensiva, como anticipar las elecciones.

Sea un mero globo-sonda, una frívola improvisación o una decisión ya firme del Govern, lo notorio es que ERC, ICV y la CUP no tardaron en poner pie en pared. Por parte de Esquerra, el diputado Joan Tardá salió rápidamente en Twitter a preguntarse si acaso el Gobierno catalán se quiere «suicidar». En similares términos pero con más desarrollo, el portavoz de ERC en el Congreso, Alfred Bosch, replicó a Ortega que la voluntad del pueblo catalán «pesa mucho más» que las decisiones del Constitucional y le alertó sobre el posible «divorcio» de la sociedad.

«No es un tema legal sino político, de futuro colectivo. Lo que diga cualquier magistrado lo respetaremos, pero pesa mucho más la voluntad mayoritaria del pueblo catalán», afirmó. No obstante, apuntó que por ahora tanto Govern como president han cumplido lo pactado.

Por su parte, el portavoz adjunto de ICV-EUiA en el Parlament, Joan Mena, cargó contra Ortega afirmando que la hipótesis del aplazamiento «es dar la propiedad del derecho a decidir al Gobierno español y al Tribunal Constitucional».

«La única alternativa a la consulta es la consulta», subrayó Mena, que instó a la Generalitat a acabar con cualquier tipo de especulación al respecto.

En cuanto a la CUP, emitió un comunicado en el que tilda de «inútil» retrasar la celebración de una consulta soberanista y rechaza las maniobras del Govern al respecto. «Se ha acabado el tiempo de las imposiciones. El referéndum es irrenunciable», asegura en un comunicado suscrito por David Fernández.

Así pues, solo el PSC saludó las palabras de Ortega, tras las que ve «una posición sensata» e insta a Mas a pronunciarse.

ANC y Òmnium, «firmes»

Desde el ámbito social, la Assamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, dejaron claro también que se mantendrán «firmes» en la consulta y evitaron entrar en más especulaciones.

En un comunicado conjunto, anticiparon que «de ninguna de las maneras podemos aceptar que el TC condicione una votación democrática». Animan además las movilizaciones de la Diada, porque «el 11/9 nos conducirá al 9/11».