Cinco meses después del incidente de tráfico de la presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, la Audiencia Provincial ordenó que el caso se instruya como un delito de desobediencia y no como una falta, contra la opinión de un juzgado de Plaza de Castilla y la Fiscalía Superior de Madrid. La Sección Sexta cree que los hechos podrían suponer una «desobediencia tenaz, contumaz y rebelde, decidida y determinante, representada por múltiples actos concretos de desobediencia» a los agentes.