¿La privatización de los servicios de abastecimiento y saneamiento parece que no ha dado los resultados deseados?

La fórmula de privatización más utilizada es la concesión de los servicios a una empresa. De esta forma, la titularidad sigue siendo pública pero la gestión se adjudica a un agente privado. Paga una suma de dinero a cambio de la concesión que se denomina canon concesional. Estos cánones millonarios, lejos de mejorar las infraestructuras, se dedican a aliviar las difíciles finanzas locales y son repercutidos en tarifa a los usuarios sin que aparezcan reflejados en la factura. Y aquí es donde se producen los problemas.

Para abonar el canon, las empresas recurren al crédito, préstamos que obtienen con el respaldo de las tarifas a cobrar durante el periodo de la concesión -sobre 25 años- y con la garantía de un porcentaje de deudores fallidos inferior al 2%. Y después de todo, no se suele destinar un euro a la mejora de los servicios; esto es, no se privatiza porque se necesiten crear infraestructuras, ni por incrementar la eficiencia en la gestión, se privatiza para hacer caja. Es un mecanismo perverso, a la vez que absolutamente crematístico y una estafa de los políticos a los ciudadanos.

En todos los casos que hemos seguido desde AEOPAS, ha supuesto incrementos en la tarifa y ciertas connotaciones medioambientalmente insostenibles, pues a mayor consumo, mayor es el beneficio empresarial. Además, al no existir órganos reguladores ni indicadores de gestión, ni estadísticas fiables, no se pueden comparar la calidad en la prestación de los servicios. Por todo eso, argumentamos que existe una pérdida de control en el día a día cuando se decide privatizar, cuestión que se observa en el incremento de los cortes de suministro a personas vulnerables.

¿Por qué apuestan?

Trabajamos para que se apruebe una normativa que regule el canon concesional, porque con solo lograr que se destinara obligatoriamente a inversiones en agua y prohíba el uso caprichoso de estos fondos, estamos convencidos de que se acabarían las privatizaciones, al menos en las condiciones que conocemos. Esto ya es así en Francia.

No hay un solo indicador objetivo que justifique la privatización, no hay regulación, no hay control ni transparencia, no se respetan los derechos ciudadanos ni individuales ni colectivos, convierte a los ciudadanos en clientes y sus derechos en mercancías. Además las condiciones de los trabajadores son mucha más precarias, las tarifas un 25% más altas y como siempre son multinacionales eliminan o debilitan muchísimo la pequeña y mediana empresa local. Y no cumplen el mandato de Naciones Unidas de garantizar al 100% el acceso al agua potable y al saneamiento.

¿Cuál es la tendencia a nivel europeo?

Los efectos no deseados de la privatización han hecho que en muchas ciudades europeas como París, Grenoble o Berlín hayan recuperado la gestión y retornado a manos públicas, lo que se conoce como remunicipalizar. La capital francesa recuperó el servicio y durante el primer año de gestión pública bajaron un 8% las tarifas y se obtuvieron beneficios.

En París no hay cortes de agua porque una familia no pueda pagar. Hay una ayuda social y, si no es suficiente, un fondo de solidaridad de la empresa pública para hacer frente al consumo mínimo vital. Esta gestión ha hecho que todo el beneficio se reinvierta en el servicio y se ha implantado una política innovadora de protección del medio ambiente. Se han creado nuevos servicios, como el de control de fugas, y se ha logrado que con la empresa pública haya una gestión mucho más democrática y participativa: personal, usuarios y asociaciones ciudadanas están en el consejo de administración y participan de la gestión y de las decisiones.

Una iniciativa positiva.

El germen de la remunicipalización de París, el de Aguas del Huesna en España y el compromiso de otros muchos operadores públicos, ha hecho que nos constituyamos en ``Aqua Publica Europea'', una entidad con sede en Bruselas que agrupa a buena parte de los operadores públicos y que trabaja con las instituciones poniendo en valor lo público en el sector del agua y tratando de defender y promocionar este tipo de gestión.

Esto por la parte de las empresas, pero en lo que toca a la sociedad civil, ha logrado hacerse realidad la primera Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) ``El derecho humano al agua'', que sin duda marcará un antes y un después en las políticas que en este sector se realicen desde esta institución supranacional.

¿Hay otras experiencias al margen de la francesa?

En Italia se ha prohibido por referéndum, en Irlanda hay una tremenda contestación popular a las imposiciones de la Troika, en Holanda están prohibidas las privatizaciones por la Constitución, en Alemania hay una clara tendencia a la remunicipalización, como en Escocia y Grecia.

La tendencia es clara, la sociedad se ha movilizado y el agua como bien comunal y derecho humano no se puede gestionar desde la lógica del mercado. El modelo privatizador concesional está herido de muerte y los políticos tendrán que decir con claridad en sus programas qué quieren hacer y rendir cuentas a posteriori a sus electores.

¿Pero retornar a manos públicas puede suponer enfrentarse a indemnizaciones?

El concepto de remunicipalización es genérico y detrás hay un bulo de que es carísimo, apoyado en la historia de poco control por parte de la administracion, pero la realidad es otra. Ni es tan difícil ni es tan caro. También aquí hay desinformación. Tras eso están las decisiones que ha de tomar la administración que ostenta la titularidad de los servicios en relación a la empresa que los está prestando. Depende de la figura que se use: rescate, secuestro o caducidad, puede que dé lugar a alguna indemnización.

Entonces, ¿cómo se puede afrontar este proceso?

Hay que ver antes que nada los incumplimientos del concesionario, que suelen ser muchos y cuantiosos, y hacer una valoración y reclamarlos mediante el oportuno expediente. Hay que estudiar el momento temporal de la vida de la concesión en el que se interviene, cuanto más cerca del fin más fácil y menos riesgos. Son por tanto varios factores que hay que trabajar y poner encima de la mesa y siempre pasa por una previa exigencia estricta por parte de la administración del cumplimiento total y riguroso del contrato. Tras todo esto se posibilitara, con total seguridad, alcanzar acuerdos o esperar simplemente a que se extinga la concesión donde el coste sería siempre cero.

Mi experiencia personal en más de 15 remunicipalizaciones es que cuando se trabaja administrativamente con seriedad y se exige el cumplimiento estricto del contrato siempre se llega a acuerdos que no son nada caros. Siempre será más caro seguir con la concesión.

En un sentido contrario, algunas autoridades apuestan por la doble imposición (vía impuestos y en las tarifas) para amortizar infraestructuras.

La tarifa debe tender a recoger todos los costes del servicio y la amortización de las inversiones, es una recomendación de la Directiva Marco Europea. Las inversiones se han venido cofinanciando con cargo a impuestos especificos o fondos europeos, y creo que seguirá así, sobre todo para vertebrar y equilibrar los territorios y ahí estamos de acuerdo en el uso de estas partidas para inversiones. Apoyamos los cánones finalistas que se especifican en las facturas de manera detallada para realizar inversiones, siempre con transparencia. Son instrumentos potentes para realizar inversiones y una oportunidad para el desarrollo de convenios entre administración y empresas públicas de gestión del agua. Obviamente, generan un nicho de negocio para las constructoras.

No creo que deje de haber fondos europeos para hacer inversiones, cambiaran las condiciones pero seguirán.

¿Es una tendencia que emana de directivas europeas? Da la impresión que a los únicos que beneficia es a las grandes constructoras y grupos que apuestan por la privatización.

Sí. Responde a las tendencias y políticas propias del neoliberalismo, las redes de la globalización y los mecanismos de funcionamiento de las transna- cionales. La Comisión Europea tiene siempre un objetivo económico final y en muchos casos sus sistemas de decisión en manos de tecnócratas influenciados por los lobbies del agua, muy potentes e instalados, con sede fija, en la Comisión. La única ocasión en la que se ha visto forzada la Comisión para no incluir el agua en los paquetes de privatización que ha querido imponer ha sido tras la ICE, que sigue su camino y acabará en una propuesta legislativa concreta al Parlamento Europeo donde reconozca el agua como derecho humano.

La crisis ha llevado al corte del agua a muchos usuarios que no pueden abonar el recibo, ¿cuál es la realidad a día de hoy?

La realidad es que como no existe un órgano de regulación que controle y que pida datos a los operadores, no lo sabemos con exactitud. Pero sí que hemos estimado, a partir de estudios diferentes, en 500.000 los avisos de corte que se tramitaron en 2014, lo que supondría un incremento de aproximadamente el 30% con respecto a 2010. Calculamos que se llegaron a ejecutar 300.000 cortes. La cifra es importante, es preocupante, pero no es menos alarmante que en España no existan datos oficiales sobre este fenómeno y sobre todo que no haya regulación alguna.

Es por esto por lo que estamos trabajando en AEOPAS con asociaciones y grupos políticos para tratar de incorporar a la legislación el derecho a un mínimo vital de agua potable suficiente para todas las personas y en cualquier circunstancia, dando cumplimiento por tanto al derecho humano al acceso al agua potable y al saneamiento.