Los sindicatos ELA, LAB, UGT y CCOO rechazaron ayer el nuevo borrador del anteproyecto de Ley de Empleo Público tras la reunión mantenida con el Gobierno de Lakua en la Mesa General de la Función Pública.

El portavoz del Ejecutivo y consejero de Administración Pública y Justicia, Josu Erkoreka, anunció tras la reunión que Lakua ha decidido retirar de su anteproyecto de Ley de Empleo Público la posibilidad de que en situaciones «excepcionales» pudiera reducirse la jornada y el sueldo de los empleados públicos, uno de los aspectos más contestados por los sindicatos.

El foro de ayer fue el primero desde noviembre del año pasado, cuando el Ejecutivo se comprometió a presentar en menos de un mes un nuevo borrador, que afectará a los 110.000 funcionarios y personal laboral del Ejecutivo, las diputaciones, Eudel y UPV-EHU.

Erkoreka explicó que en total se han presentado 1.241 alegaciones al texto, desde 3.120 sujetos particulares, institucionales, entidades y sindicatos.

La reunión tuvo la ausencia de LAB, que ya había anunciado con anterioridad que no iba a acudir por la «nula voluntad» del Gobierno de Lakua de volver a la jornada de 35 horas semanales, entre otras razones.

«Introduce la reforma laboral»

ELA, que decidió acudir a la cita tras abandonar la mesa en la anterior reunión, exigió a Lakua la retirada del nuevo borrador porque «sigue apostando por introducir la reforma laboral» en las Administraciones de la CAV. Además, criticó que el Ejecutivo haya incorporado «solo doce enmiendas y ninguna de calado de las más de 200 presentadas por la central», por lo que manifestó que el Gobierno «solo sabe imponer» y «ha renunciado al desarrollo de una ley vasca». Insistió en que seguirá defendiendo «una ley que apueste por una administración propia, euskaldun, independiente y con control social al servicio de la ciudadanía, que garantice unas condiciones de trabajo dignas, basadas en la inamovilidad e independencia, (...) con inclusión de todos los ámbitos públicos de la CAV, incluyendo los que hoy son parte del ámbito estatal».

Por su parte, para UGT, el texto que defiende el Gobierno de Lakua «supone un paso atrás en las leyes de función pública y cuyo contenido tiene aspectos peores que las leyes aprobadas por el Partido Popular».

CCOO denunció que «se sigue eliminando la participación sindical en aspectos fundamentales del empleo público vasco» y, por tanto, «sigue teniendo el mismo déficit democrático».