El PNV pregunta a Bruselas si Madrid cumple la norma sobre las condenas
La europarlamentaria del PNV, Izaskun Bilbao, solicitó ayer a la Comisión Europea que le informe sobre los datos que Madrid ha enviado a Bruselas sobre el modo en que ha incorporado a su legislación la normativa sobre el cumplimiento de penas en la UE y si esta es ajustada.
El PNV ha solicitado a la Comisión Europea que informe sobre los datos que el Ejecutivo español ha enviado a Bruselas sobre el modo en que se ha traspuesto a la legislación española la decisión marco que regula el reconocimiento mutuo del cumplimiento de penas de los presos entre países de la Unión Europea. Además, ha solicitado al Gobierno comunitario que aclare si la reforma legal realizada en el Estado español «se ajusta a los contenidos de la citada decisión marco»
En un comunicado, el PNV señala que, en respuesta a una iniciativa de Izaskun Bilbao, la Comisión Europea recordó que los estados «están obligados» a reconocer las penas cumplidas en otros países de la UE en base a la decisión marco 2008/909/JAI. La respuesta a la consulta «no puede ser más concreta», se insiste, ya que «ratifica la obligatoriedad de reconocer las penas cumplidas en otros estados».
En opinión de la formación jeltzale, «el punto de vista de la Comisión Europea es opuesto al utilizado por el Gobierno del PP y sus grupos parlamentarios en el Congreso y Senado durante el trámite de la Ley que sirvió para incorporar los contenidos de esa decisión marco a la legislación española».
«Igualmente - según se recoge en el comunicado- choca con los criterios con que el Tribunal Supremo procedió a interpretar el asunto en sus últimas sentencias, pese a la exigua mayoría con que se tomaron estas decisiones y el contenido de los votos particulares que animaban al Tribunal a realizar una consulta con las instituciones europeas».
Pedida en diciembre
Cuando Bilbao hizo su primera consulta a la Comisión Europea, el Gobierno español no había enviado aún información alguna a Bruselas sobre la aplicación de la citada decisión marco al derecho interno. Por ello, la Comisión reclamó estos datos el pasado diciembre mediante una carta dirigida a las autoridades españolas y el plazo de respuesta acaba de cumplirse.
Por eso Izaskun Bilbao quiere saber si la respuesta de Madrid ha llegado a Bruselas y si la Comisión Europea estima que la reforma legal «se ajusta a los contenidos de la citada Decisión Marco».
También pide que se aclare el grado de información de que dispone Bruselas sobre «las ultimas decisiones judiciales adoptadas para eludir los principios de esta decisión marco y los votos particulares que defendían una consulta previa».
Ministros españoles se quejan por la aplicación de la ley para excarcelar a Valentín Lasarte
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ve «como el conjunto de los ciudadanos de bien con perplejidad» que el preso Valentín Lasarte salga de prisión una vez cumplida su condena en aplicación de la legalidad vigente. Entre tanto, el de Interior, Jorge Fernández Díaz, considera que lo ocurrido es producto de la derogación de la denominada «Doctrina Parot» y que resulta «muy lamentable» y «absolutamente criticable».
Valentín Lasarte, acogido a la «vía Nanclares», salió ayer de la prisión de Zaballa tras cerca de diecinueve años en la cárcel. Condenado por participar en una decena de acciones de ETA, la Audiencia Nacional aprobó su licenciamiento al descontarle de la condena las redenciones penitenciarias extraordinarias. Había disfrutado ya de varios permisos.
El ministro de Justicia cuestionó la respuesta del Estado de Derecho ante personas que, con condenas a centenares o miles de años de prisión, «pueden salir en unos pocos años sin que conste arrepentimiento, sin que se haya acreditado la rehabilitación». Y por ello defendió las reformas introducidas hasta la aprobación de la cadena perpetua revisable.
Para el ministro de Interior, «por desgracia los hechos han puesto de manifiesto que aquella derogación [de la llamada `Doctrina Parot' fue profundamente injusta. La acatamos porque es nuestro deber, pero España ha puesto de manifiesto su respeto por los derechos humanos cumpliendo de manera ejemplar, aunque estuviera en contra, con esa decisión del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo». GARA
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