El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha advertido al presidente de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas, de que podría llegar a cometer un «delito» si lleva adelante «un acto ilegal» como convocar un referéndum independentista, aunque ha aclarado los supuestos para que esto fuera así, y ha añadido que Mas «lo sabe perfectamente».

«Si hay un acto ilegal por parte de una persona, no creo que haya que castigar a los ciudadanos catalanes. A quien habrá que exigirle responsabilidades es a esa persona», ha señalado el ministro en una entrevista en La Sexta, recogida por Europa Press.

Ruiz-Gallardón ha restado importancia a que el Código Penal español no recoja expresamente como delito la convocatoria ilegal de un referéndum. «Cualquier cargo público que actuase en contra de un mandamiento de un tribunal, incluido el Constitucional, estaría cometiendo un delito», ha recalcado.

«Bajo ningún concepto»

Ruiz-Gallardón ha pedido, en cualquier caso, no entrar en este «terreno», que es el de Artur Mas, el de suponer qué ocurriría «si él hiciese lo que sabe que no puede hacer», y ha recordado que el president de la Generalitat «está en campaña». «Eso puede explicar muchas de las cosas que está diciendo».

Ha insistido en que el Gobierno español se mantiene en pedir el respeto a la ley, su cumplimiento, y que por este motivo no pactará con el Govern ninguna fórmula de consulta ni permitirá que esta se produzca «bajo ningún concepto». «No lo permite la Constitución», ha recalcado.

El ministro de Justicia español ha defendido que en el Principat viven «cientos de miles» de personas que no quieren «renunciar a una de sus identidades» y que «España no se entiende a sí misma sin Catalunya». «Si se saliese, desaparecía España, el resultante sería otra cosa», ha abundado en una frase en la que también ha aludido a Euskal Herria: «Si Catalunya y el País Vasco salen, España desaparece».

Democracia frente a legalidad

El ministro de Justicia ha recalcado también que no se está produciendo a su juicio un enfrentamiento entre el principio democrático y el de legalidad, en el sentido de que el primero debe prevalecer sobre el segundo cuando ambos chocan.

«En España no se están confrontando esos principios. La Constitución nace de la voluntad de todos los españoles. La soberanía es un valor compartido, sobre la soberanía no se puede pronunciar una parte, se tiene que pronunciar el todo», ha vuelto a defender, para asegurar también que «el gran avance de la democracia es situar la soberanía en el pueblo», no en los territorios.