La reforma de la ley hipotecaria llegó prácticamente cerrada de la Cámara Baja tras fusionarse la propuesta del Gobierno español con la iniciativa legislativa popular (ILP) de dación en pago y con medio centenar de cambios que introdujo el PP para reflejar el espíritu de las enmiendas de la oposición.

La Comisión de Economía aprobó entonces con competencia legislativa plena –es decir, sin necesidad de volver a debatir el texto en el Pleno– y por la vía de urgencia el proyecto de ley, que solo contó con los votos favorables del PP frente al rechazo de toda la oposición. Ahora, en el Senado se ha repetido tanto el procedimiento como los argumentos y los posicionamientos, y finaliza su trámite parlamentario sin incluir ningún cambio más.

Así pues, la nueva norma no incorpora la dación en pago universal y retroactiva que se reclamaba en la ILP –retirada por sus promotores ante la cerrazón del PP–, aunque incluye la suspensión durante dos años de los desahucios en los que los afectados cumplan unas condiciones de especial vulnerabiliad.

Entre ellos, se señala que los ingresos de los miembros de la unidad familiar no podrán superar la cantidad de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), el equivalente a 19.000 euros anuales.

Por otro lado, la reforma de la Ley Hipotecaria incluye también quitas del 35% para los deudores que liquiden sus cuotas en un plazo del cinco años y del 20% si lo hacen en 10 años.

La norma se adapta también a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la UE, por la que se faculta a los jueces a detener una ejecución hipotecaria cuando detecten cláusulas abusivas, y amplia de uno a tres los impagos a partir de los cuales el banco podrá iniciar un proceso de ejecución hipotecaria.

Sesión marcada por las protestas

El Pleno del Senado en el que se ha aprobado la reforma de la ley hipotecaria se ha desarrollado en presencia de miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que se han manifestado durante la mañana a las puertas del Senado.

En declaraciones a los medios, el portavoz de la PAH, Rafael Mayoral, ha asegurado que «la movilización va a continuar», ya que, a su juicio, el texto aprobado «es una burla» a la ILP y «a la voluntad expresada por un millón cuatrocientas mil personas con sus firmas».

También tras la aprobación de la ley, una veintena de personas han sido expulsadas del Senado.