Jesús María Martiarena, concejal de Urbanismo de Lezo por el PNV entre 2003 y 2007 será juzgado a principios de año en Donostia acusado de un delito de prevaricación por adjudicar presuntamente «de forma directa» unas obras de excavación y la redacción del proyecto de un aparcamiento en esta localidad, según informa la agencia Efe, que cita fuentes del caso.

El exedil se enfrenta a una petición de nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por parte de la Fiscalía de Gipuzkoa, que le imputa un delito continuado de prevaricación. El Ayuntamiento de Lezo, gobernado por Bildu, ejerce la acusación particular y también reclama nueve años de inhabilitación.

Los hechos tuvieron lugar en la legislatura comprendida entre 2003 y 2007, periodo en el que Lezo fue gobernado por el PNV y EA en coalición.

El caso se remonta al 24 de noviembre de 2003 cuando, según el escrito de acusación del Ministerio Público, la comisión de Gobierno de la localidad aprobó un documento para «la normalización de cinco procedimientos de contratación», tras lo cual el procesado, presuntamente, adjudicó dos de estos proyectos «de forma directa», a pesar de que tenía «pleno conocimiento» del «procedimiento legal para las adjudicaciones».

El documento recuerda que entre las atribuciones de Martiarena se encontraba la aprobación de proyectos de obras y servicios que no excedieran de 30.000 euros, así como de suministros y contratos de asistencia técnica que no rebasaran los 12.000.

Sin tramitar expedientes y sin oferta pública

El entonces concejal habría adjudicado «de forma directa» las obras de excavación de la parcela municipal conocida como Salva, del Polígono 107, «sin tramitar expediente administrativo de contratación» de los trabajos, «sin oferta pública» y «sin aprobación previa del órgano del gobierno municipal competente que era la Junta de Gobierno Local».

El documento de la Fiscalía aclara que el presupuesto presentado por la adjudicataria de esta excavación «ni siquiera permitía conocer las características de la obra, ya que no existía estudio previo o aproximado del gasto total», que en todo caso excedió «notablemente» de los 30.000 euros, ya que las dos facturas que presentó al Ayuntamiento posteriormente, en 2006, ascendieron a 56.524,19 euros y a 36.339,22 euros.

El concejal también habría adjudicado «directamente» a otra empresa la redacción del proyecto básico de construcción de un aparcamiento en el área de Arraitoki, así como la urbanización de la zona, que supuso un desembolso de 66.928,71 euros, más 5.116,09 «de gastos de PCV».

Los «honorarios» de esta empresa fueron pagados por el Consistorio el 14 de junio de 2007, dos días antes de la fecha fijada para la constitución de los nuevos ayuntamientos surgidos de las elecciones locales celebradas el 27 de mayo de aquel año y que auparon a ANV a la Alcaldía de Lezo.

El escrito de la Fiscalía concreta que, «al igual que en el supuesto anterior, no hubo resolución municipal para tramitar» el citado expediente de contratación, «no existió concurso público» ni se comunicó al órgano competente por la cuantía del desembolso.