En un comunicado, la UNODC ha recordado que Uruguay es un estado miembro de la Convención sobre Narcóticos de 1961, que controla el cannabis y establece su uso limitado para propósitos médicos y científicos. En este sentido, ha lamentado que haya «roto con el citado acuerdo en perjuicio de la salud de los ciudadanos uruguayos».

«El órgano legislativo que ha apoyado leyes y acuerdos internacionales y un gobierno que es socio activo en la cooperación internacional y en el mantenimiento del estado de derecho decidió romper las provisiones legales acordadas universalmente», ha asverado el presidente de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), Raymond Yans.

La JIFE ha insistido en que la Convención de 1961 tiene el objetivo de «proteger la salud y el bienestar de la humanidad». En este sentido, ha advertido de que «el cannabis no solo es adictivo sino que puede afectar algunas funciones fundamentales del cerebro».

Según ha concluido la UNODC, fumar marihuana es «más cancerígeno que fumar tabaco» y, por lo tanto, ha defendido que «la medida uruguaya no protegerá a los jóvenes sino que tendrá el efecto perverso de alentar su experimentación temprana, además de contribuir a problemas de desarrollo, adicción y otros trastornos».

La reacción tras la aprobación de la medida que legaliza la producción y venta de la marihuana ha sido totalmente contraria en Uruguay, sobre todo entre grupos afines a su libre consumo.