Representantes del comité de empresa de TCC y la dirección han alcanzado un preacuerdo, con la mediación de la Mancomunidad de Iruñerria, que, de ratificarse por el conjunto de los trabajadores, supondría el fin de la huelga de las villavesas, que se prolonga desde hace 22 días.

Todos los sindicatos, excepto LAB, han respaldado el acuerdo, cuyo contenido se dará a conocer a los trabajadores en una asamblea este martes por la noche (23.00). Posteriormente, será sometido a votación, aunque se desconoce cuándo.

El portavoz del comité de empresa de TCC, Juan José Jaime, se ha mostrado esperanzado en que los trabajadores ratifiquen el pacto, en el que se contempla la finalización de «todos» los expedientes incoados «sin consecuencias de despido».

Jaime ha señalado a Efe que el acuerdo recoge el contenido del primer acuerdo marco, el que fue rechazado por los trabajadores en asamblea, pero «mejorado», aunque no ha querido desvelar el mismo hasta que no lo conozca la plantilla. No obstante, ha manifestado su impresión de que en esta ocasión «entendemos que estarán de acuerdo», por lo que se desconvocaría la huelga.

El acuerdo ha llegado en la vigésimo segunda jornada de paro del Transporte Urbano Comarcal de Iruñea y tras unos días en los que comité de empresa y la dirección de TCC han venido manteniendo «intensas negociaciones», con la Mancomunidad como intermediaria.

El pasado sábado, la Mancomunidad logró de la dirección de TCC el compromiso de mantener vigente el acuerdo marco que fue rechazado ese mismo día de madrugada por los trabajadores en asamblea.

La Mancomunidad instó a la negociación para la resolución del conflicto y pidió a la plantilla «una reflexión serena y sosegada» al entender que «la tensión del momento y la premura en la toma de la decisión no permitió una interpretación correcta de la propuesta formulada».

Esta propuesta recogía cuestiones como el mantenimiento del empleo, el compromiso de hacer indefinidos a más de 25 trabajadores, distribuir la rebaja salarial en distintos conceptos para reducir el efecto en nómina, el archivo de los expedientes sancionadores y la renuncia a iniciar acciones legales en el caso de que la huelga fuera declarada como ilegal, entre otras cuestiones.