La iniciativa aprobada en las Juntas guipuzcoanas, contra la cual votaron PSE y PP, reclama que acudan a la cárcel sevillana la presidenta de la Cámara Foral, Lohitzune Txarola (Bildu), y la presidenta de la Comisión de Políticas de Igualdad, Derechos Humanos y Memoria Histórica, Rafaela Romero (PSE).

El pasado otoño los vascos encarcelados en este centro penitenciario andaluz llevaron a cabo una huelga de hambre durante un mes para denunciar el aislamiento, los registros, la falta de asistencia médica y la actuación violenta de algunos funcionarios.  

Romero ha hecho pública una nota en la que reconoce la legitimidad de la resolución y asume que como presidenta de la Comisión tendría que llevarla a efecto, pero explica que «ello entra en contradicción con mi opinión y posición ante este tipo de iniciativas», al entender que si obedecen a un plano institucional «deberían inscribirse dentro de un relato compartido y un consenso amplio y plural, fuera de los cuales, entiendo que pueden resultar difícilmente comprensibles y estar sujetos a tergiversaciones y manipulaciones».

La portavoz del PSE entiende que «los órganos de gobierno deben respetar las decisiones mayoritarias de sus asambleas», por lo que considera que si no está dispuesta a cumplir la resolución y desplazarse hasta Sevilla II debe presentar su dimisión «por coherencia política».