Sobre el papel, la ley catalana sobre la memoria histórica se ajusta mucho mejor al derecho internacional que la ley española, ya que deja en manos de la Generalitat el deber de identificar a los desaparecidos. En la práctica, sin embargo, los impulsores del Banco de ADN, Roger Heredia i Jornet y Marc Malagarriga, denuncian que esta diferencia queda en «papel mojado». «Con el Tripartit se empezaron a hacer cosas, aunque no tenían nada previsto en cuanto a la identificación de desaparecidos», empieza a explicar Heredia i Jornet. «Pero desde que Unió está al frente de las competencias en memoria histórica no ha habido casi avances», añade Malagarriga.

Y dice «casi», porque en diciembre de 2013, a raíz de la primera visita del grupo de Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU, el Parlament se puso manos a la obra y aprobó una moción con cuatro grandes puntos: el apoyo institucional explícito al Banco de ADN, la divulgación de la existencia de este Banco entre las 4.600 familias inscritas en el Censo Único de Desaparecidos de la Generalitat, la modificación de la Ley de Fosas catalana para iniciar la exhumación sistemática y la actualización del mapa de fosas catalán, en el que hay registradas 240 fosas y al que hay que sumar un centenar más.

Pero ocho meses más tarde, «nada de nada», se lamenta Heredia i Jornet, que advierte: «No podemos perder más tiempo, los familiares se están muriendo sin poder dejar su ADN y con la incerteza de no saber qué es de su familiar».

Frente esta desidia de las instituciones catalanas -qué decir de las españolas-, Heredia i Jornet y Malagarriga encontraron amparo en el laboratorio de genética forense de la Universitat de Barcelona, que es quien se encarga del rigor jurídico, la confidencialidad y la calidad científica del Banco de ADN. Se trata de un laboratorio reconocido por el Institut Català de la Salut (ICS) y que por lo tanto, a diferencia de otros centros académicos, puede funcionar legalmente como banco de ADN.

Fueron sus responsables, Carme Barrot y Manel Gené, los que en 2012 elaboraron el primer protocolo del Banco de ADN, en el que se establece el procedimiento que todo familiar debe seguir para entregar su muestra. Malagarriga subraya que «no es un perfil genético» lo que se hace, sino una simple muestra, mucho más barata -150 euros cada una-. «El perfil lo dejamos para cuando tengamos cuerpos con los que compararlos y, según la ley catalana, debería correr a cargo de las instituciones públicas», explica.

«Lo que tiene más prisa son las muestras, porque los familiares directos son ya muy mayores y se están muriendo. Hay que recordar que cuanto más cercano es el parentesco, más fácil es la identificación». concluye Heredia i Jornet.