Confebask no utilizó esa máxima de que «si no puedes con tu enemigo, alíate con él». Metió la directa y atajó, aprovechando el proyecto de Real Decreto sobre Depósito de Estatutos de las Organizaciones Sindicales y Empresariales que tramita el Gobierno español, y presentó alegaciones a través de la patronal española CEOE para dejar fuera del escenario sindical a ELA y LAB. Esa vía saltó por los aires una vez que Ainhoa Etxaide, secretaria general de LAB, junto a miembros de la ejecutiva, comunicó a los cuatro vientos que la patronal, que dirige Miguel Ángel Lujua, había urdido un plan para borrarles de ese escenario en la defensa de los trabajadores que, efectivamente, a Confebask no le atrae porque, aunque tiene todos los recursos legislativos y laborales a su alcance, todavía se le ponen gallitos.

A LAB se unió ELA en su respuesta y, su secretario general Adolfo Muñoz, Txiki, habló de «golpe de estado» y «proceso antidemocrático», a la vez que aportó datos dando credibilidad al documento filtrado por LAB. Los vaivenes explicativos de Confebask no terminaban de convencer a nadie, ni al consejero de Empleo y Asuntos Sociales, Juan María Aburto, que, pese a exigir una respuesta rotunda en caso negativo a Lujua, este «rechazó la filtración» y, más tarde, en el escenario de la Mesa de Diálogo Social, «dijo que realizará una investigación de qué ordenador ha salido el documento».

Sin embargo, la clave sigue estando en el inicio: propiciar la ilegalización de aquellos sindicatos que no le gustan o no siguen sus directrices. Garbiñe Aranburu, secretaria de Negociación Colectiva de LAB, y Mikel Noval, secretario de Políticas Sociales de ELA, recuerdan que esta patronal «es insaciable» y advierten de que ese proyecto de real decreto tendría por fin adaptar los estatutos a la vía telemática, pero Confebask ha aprovechado el viaje para ver si puede llevarse algo más. Esta realidad ha despertado al monstruo y algunos se preguntan `¿cuántos mensajes de este tipo habrá tramitado Confebask ante Madrid para abrirse paso en el mercado laboral vasco?'.

Aranburu atribuye ese paso descubierto a la patronal vasca a que «tienen mucho apoyo político por parte de los gobiernos a nivel estatal y aquí del Gobierno Vasco. Las leyes se hacen a su favor. La ultima reforma laboral ha roto, además, los pocos equilibrios que podía haber hasta ahora. El problema con que se encuentra Confebask es que los dos sindicatos no damos por buena esa reforma laboral, ni la estrategia de esta patronal. Tienen instrumento legal en sus manos, pero no puede llevarlo a la práctica por la contestación social que genera. En esa avaricia de ir a más y de seguir empeorando las condiciones laborales, para sacar más beneficio, somos un obstáculo para la patronal». Mikel Noval también lo tiene claro: «Quieren acabar con la disidencia. Ellos saben que los citados en el documento somos las organizaciones que planteamos alternativas reales en los distintos ámbitos de actuación, y están muy mal acostumbrados. Porque el poder político les da lo que ellos quieren. Es como los niños pequeños, que siempre quieren más y más. Se han pasado de frenada. Es coherente con los argumentos del Gobierno Vasco sobre el diálogo social, porque coincidía con ellos en muchos casos».

Confebask destaca que uno de los artículos limita a los sindicatos «a la negociación colectiva laboral, al diálogo social y la participación institucional en los organismos de las administraciones públicas», y afirma que si no cumplen con esos cometidos, «se anude la consecuencia de expulsarlas del Depósito previsto exclusivamente para quienes sí asumen expresamente aquellos fines de carácter laboral». Pero no se quedan ahí, sino que creen que el reglamento «debe ir más allá» y puedan ser expulsadas «si solo cumplen de facto con esos fines».

«No nos quitarán de en medio»

El representante de ELA asegura que «no nos han quitado de en medio. Una cosa es que no participemos en esa farsa de diálogo social, pero otra cosa es que saben que aquí, igual que pasó con el presidente de Kutxabank, Mario Fernández, que ha dimitido por la presión social que se ha creado, entre otros quienes combatimos la privatización de Kutxabank. No es lo que ellos quieren. Quieren tenernos entretenidos en determinadas mesas sin contenido y estamos reivindicando mejoras de las condiciones de trabajo y negociación colectiva y un cambio de las políticas en la calle». Por su parte, la representante de LAB también reconoce que con las leyes a su favor «no nos han quitado de en medio», pero sí insistió en que «tienen todo el aval político que necesitan, pero el aval social es donde incomodamos». Por lo que añadió que, «es cierto que se está produciendo una desregulación laboral en el mercado laboral, pero, de alguna manera, somos un obstáculo a la hora de aplicar esas leyes y, sobre todo, de llevar a la práctica esa desaceleración de la regulación laboral. Articulamos luchas y los trabajadores no se dejan quitar derechos, que tanto han costado conquistar».

En el documento la patronal vasca admite que esa posibilidad de sacar del registro a las organizaciones sindicales que no actúen bajo esos criterios es un tema delicado, pero con rotundidad estima que «Confebask tiene un especial interés en este asunto. Es sobradamente conocida la estrategia del sindicato mayoritario en el País Vasco, ELA, a la que están arrastrando además al tercer sindicato, LAB, con quien suman cerca del 60% de la representatitivad sindical». Por lo que advierte de que «ya no es que se nieguen a practicar el diálogo social o lleven muchos años ausentes de los órganos y consejos de participacíon institucional». A Confebask le molesta que «han entrado en la dinámica de boicotear (con éxito) que exista y se practique por el resto de agentes dicho diálogo social». Recuerda que no se había constituido la Mesa del Diálogo Social de la pasada legislatura, aunque tras esta polémica «el Gobierno Vasco ha salido, una vez más, en defensa de la patronal», como denunciaron las centrales sindicales. Pero, a la vez, Confebask añade que esas centrales «dedican buena parte de sus esfuerzos a cuestiones ajenas a los fines que les son propios, como todo lo referido al tren de alta velocidad, o que solo muy colateralmente tienen que ver con la acción sindical (iniciativas legislativas sobre cláusulas sociales o en materia fiscal».

De esta manera, Confebask admite que «por supuesto que dichas organizaciones pueden libremente dedicarse a lo que estimen más oportuno, pero no deberían, envestidas de lo que realmente no son, poder condicionar e incluso anular la actividad propia de las organizaciones empresariales y sindicales que sí los son realmente». Y como entiende que eso plantea dudas de legalidad, invoca a la Ley Orgánica de Libertad Sindical para quitar de en medio a ambas centrales sindicales, si van por ese camino.

«Antidemocráticos»

Mikel Noval aseguró en estos casos que «no son democráticos. Ellos no tienen forma de demostrar su representatividad. Porque cuentan con una representatividad otorgada y, sin embargo, cuestionan nuestra condición de sindicatos. La oposición que hacemos es una oposición porque estamos viendo el mayor enriquecimiento de una minoría frente al empobrecimiento de la mayoría. Nos ven con un obstáculo a sus fines de acaparamiento». En este sentido, Garbiñe Aranburu explica que «son verdaderos déspotas. No tienen fin. Están crecidos y lo manifiestan de esta manera porque sienten que tienen el apoyo político que necesitan. A Confebask le gustaría retrotraernos a un sindicalismo vertical, que no pone en cuestión sus políticas, etc. y comparto que nunca han medido su representatividad».

ELA y LAB consideran que «son intocables en esa élite en que se encuentran», como añade Aranburu, que considera que es difícil generar «movimientos alternativos a esa patronal insana». Por lo que Noval añade que la diferencia «que hay entre el movimiento sindical con esa patronal es que está sometido a un procedimiento de legitimación con elecciones sindicales; la patronal la tiene otorgada por gracia legislativa. Esa desigualdad favorece un determinado modelo, cuando patronal aplica la negociación colectiva». En este caso, Garbiñe Aranburu añade que «esa representatividad caída del cielo es la que les permite bloquear la negociación colectiva» y, como explican ELA y LAB, es la que «impulsa a que nos ilegalicen».

Ambos aseguran que ante la gravedad de esta situación, comparable a la ilegalización de Herri Batasuna y otras organizaciones abertzales, consideran que el pronunciamiento del consejero de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno de Lakua, Juan María Aburto, es «puro teatro» y desvelan que «no hay una reprobación contra Confebask», sino que Gobierno de Lakua, Confebask, CCOO y UGT «han acelerado el proceso de conformación de una Mesa de Diálogo Social antidemocrática, porque la representación mayor la tenemos nosotros y no vamos a participar en esa farsa», dijeron al unísono Noval y Aranburu.

Si Aburto se vio obligado a salir, Garbiñe Aranburu entiende que las declaraciones de CCOO y UGT fueron producto «de ese paripé. Ante la gravedad del documento y ese ataque sería impensable que no dijeran nada, pero lo que hacen es denunciar, pero siguen con la vista puesta en la Mesa de Diálogo Social. No tienen otra cosa que ofrecer a la clase trabajadora. Hace tiempo que han renunciado a luchar, a defender a los trabajadores mediante la movilización. Por eso, la única manera que les queda es ser partícipes de esas mesas de diálogo social en Madrid y Gasteiz». Mikel Noval terminó indicando que «se refugian en esa mesa antidemocrática unos y otros, porque es evidente que Confebask no contaba con que ese documento vería la luz».