Laboral Kutxa ha emitido un comunicado en el que lamenta la muerte de Miren Peña, que se quitó la vida el pasado sábado en Antsoain. Desde la entidad han lamentado «profundamente la muerte de Miren» y han transmitido sus «más sinceras condolencias» a sus familiares y amigos.

Ante los hechos y las acusaciones de que la entidad hubiese iniciado un procedimiento de desahucio, han afirmado que «es absolutamente falso», ya que «no sólo no se había iniciado tramitación alguna en este sentido, sino que la entidad no había realizado ni habilitado ningún procedimiento de reclamación, por tratarse de un préstamo hipotecario que se encontraba al corriente de los pagos, es decir, no tenía ningún retraso ni cuota pendiente».

En este sentido, y en relación a la carta que desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca han mencionado como desencadenante de la muerte, Laboral Kutxa ha precisado que «la única actuación desde la entidad ha sido dar respuesta a una petición de la clienta, por la cual ésta solicitaba acogerse a un procedimiento de reestructuración de la deuda, conforme al 'Código de buenas prácticas' sujeto a la Ley 01/2013 y que recoge las medidas para reforzar la protección de los deudores hipotecarios».

La entidad informaba a la solicitante de que «la operación no cumplía los requisitos establecidos por dicha Legislación», al tiempo que subrayan que están obligados a dar la respuesta por correo. Por tanto, Laboral Kutxa ha reiterado que, «la comunicación a la clienta no respondía a una decisión de la entidad, sino a la constatación de que la citada Legislación no recoge esta tipología de situaciones».

Asimismo, tal y como han informado, se le trasladó a la clienta «la disposición de la entidad a acordar una solución entre ambas partes, independiente de dicha Legislación», para lo que se le emplazaba a contactar con la oficina de Laboral Kutxa.

Finalmente, el comunicado subraya que «por la naturaleza de Cooperativa de Crédito y, por tanto, de entidad de Economía Social, Laboral Kutxa pretende llevar adelante la práctica bancaria con el máximo equilibrio entre el cumplimiento de la regulación vigente y el respeto a las personas».