Una resolución del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil y cinco decisiones posteriores en el seno del Congreso dieron el martes a la presidenta, Dilma Rousseff, un respiro ante las maniobras de la oposición para iniciar un juicio político en su contra con el fin de destituirla por supuestas acciones fiscales realizadas en 2014 en las cuentas públicas. El STF estudia una demanda del Partido de los Trabajadores (PT) que insiste en que una «falta administrativa» referida al ejercicio fiscal de 2014, durante el anterior mandato de Rousseff, no puede esgrimirse para juzgar al actual Gobierno. La mandataria denunció la actitud golpista de la oposición

La Cámara de Diputados tenía previsto debatir y votar si abre o no el proceso contra Rousseff. Pero los votos individuales de varios miembros del STF anularon temporalmente el trámite solicitado por la oposición al aceptar el recurso presentado por un legislador de PT, quien alegó que para iniciar un juicio político a la mandataria se debe obtener el apoyo de tres cuartas partes de la Cámara y no una mayoría simple, como planteó su presidente, Eduardo Cunha.

La estrategia elaborada por Cunha junto a diputados de la oposición, apoyados por el excandidato presidencial Aécio Néves, para sacar adelante el proceso de impeachment, consistía en que el primero rechazaría la solicitud, los opositores apelarían y, así, esta pasaría automáticamente a la votación. Esta vía solo requiere de una mayoría simple (257 de los 513 diputados) para su aprobación.

Cunha, del Partido del Movimiento Democrático de Brasil (PMDB), deberá decidir ahora si acepta o archiva la iniciativa sin dejar el decisión en manos de los parlamentarios. Un portavoz de la Cámara Baja señaló a AFP que Cunha esperará hasta la próxima semana para tomar una decisión.

El PMDB es un partido de ideología variable y alianzas cambiantes. Ahora, formalmente, es aliado del Gobierno, pero Cunha libra una guerra contra Rousseff desde que la Justicia le acusara de haber recibido cinco millones de dólares en sobornos en el marco del escándalo relacionado con Petrobras. Cunha se presentó como víctima de una campaña orquestada por la presidenta, pero las revelaciones de los tribunales y la aparición de cuentas bancarias no declaradas en Suiza han reforzado las sospechas en su contra.

Tras la decisión del STF, Cunha rechazó otras cinco peticiones para que el Congreso ponga en marcha un juicio político al estimar que no cumplen las exigencias técnicas necesarias. Hasta ahora ha rechazado once de las catorce peticiones presentadas.

La oposición redobló su presión después de que la semana pasada el Tribunal de Cuentas de la Unión pidiera al Congreso rechazar los balances del Gobierno de 2014 y el Tribunal Superior Electoral resolviera investigar si su última campaña electoral fue financiada con dinero desviado de Petrobras.

El martes, en un acto de la CUT, el mayor sindicato del país, denunció una maniobra de la oposición para dar un «golpe de Estado». Se mostró contundente contra quienes quieren «acortar» su mandato «sin hechos jurídicos» y acusó a la oposición de querer expandir «el odio y la intolerancia» en Brasil.

Rousseff recalcó que los movimientos para lograr su destitución son «abiertamente golpistas». «Lo que antes era inconfor- mismo se transformó en un deseo de retroceso político y eso tiene un nombre: eso es golpismo de manera abierta», dijo.

El jefe del Ejército alerta del riesgo de la crisis

El jefe del Ejército de Brasil, el general Eduardo Villas Boas, alertó, en una declaración inusual, del riesgo de un juicio político contra la presidenta, Dilma Rousseff, por temor a que la crisis política degenere en una «crisis social».

«Estamos viviendo una situación crítica muy difícil, una crisis política, económica, ética muy grave», señaló el general durante una videoconferencia con oficiales de la reserva el viernes pasado, pero difundida ayer en el sitio web "Folha de Sao Paulo". «Si esto continúa, podría convertirse en una crisis social con efectos negativos para la estabilidad» del gigante sudamericano, señaló el jefe del ejército.

El general Villas Boas, nombrado en enero para el cargo por Rousseff, anadeó, no obstante, que «las instituciones funcionan correctamente».

Sus palabras atrajeron rápidamente la atención de los medios digitales porque Brasil, que recuperó la democracia en 1985 tras 21 años de dictadura militar, sigue siendo muy sensible a la intervención de los militares en la política.GARA