En un país que supera los 15 millones de habitantes, solo entre enero y setiembre se produjeron 4.281 muertes violentas, lo que lo sitúa como el segundo más peligroso de Centroamérica, superado solo por El Salvador, con 5.041 muertos.

Cada día los periódicos de sucesos atemorizan aún más a una población ya asustada por los altos índices de violencia con sus titulares sensacionalistas y escabrosas fotografías. Una de las últimas víctimas en un país que registra 29 homicidios por cada 100.000 habitantes fueron una niña de 13 años y una mujer de 46 en la colonia El Milagro de la zona de Mixco, a escasos kilómetros de la capital. En el mismo lugar murieron un día antes cuatro menores de edad, por lo que las autoridades achacaron esas muertes a un enfrentamiento de pandillas.

Caminar por las calles de Ciudad de Guatemala recuerda a un país en conflicto dado el número de armas que se ve a diario. Cada pocos metros, un guardia armado que trabaja para alguna de las 160 empresas privadas de seguridad del país protege una farmacia, una panadería o una furgoneta de reparto. Muchos de ellos apenas superan la mayoría de edad, nunca han sido sometidos a pruebas sicológicas o de manejo de armas y llegan a hacer turnos de 24 y hasta de 48 horas.

Estas empresas registradas en la Dirección General de Servicios de Seguridad Ciudadana poseen 58.800 armas para proteger no solo a los establecimientos contratantes, sino también a cada camión de reparto, que lleva de copiloto a uno de esos agentes.

Las pequeñas tiendas de alimentos se llaman «abarroterías», nombre que hace referencia a que sus dependientes están detrás de unos barrotes para evitar ser atacados. Lo mismo que sucede en las farmacias. Son precisamente estos establecimientos, junto a los autobuses, los que más sufren ataques violentos por negarse a pagar lo que les exigen las pandillas, entre las que destacan la Mara Salvatrucha y Barrio 18.

El transporte público

En lo que va de año, la Policía ha capturado a más de 300 responsables de extorsiones, pero los ataques continúan para advertir a las empresas del fin del plazo para el pago exigido. Solo durante este año, según la Procuraduría de Derechos Humanos, han muerto por esta causa 46 conductores de autobús y 28 ayudantes, a los que hay que sumar 15 chóferes de microbús, 44 de moto-taxi, 23 taxistas y 38 usuarios. Según el Ministerio de Gobernación, mediante la extorsión se recaudan cada año 360 millones de quetzales (42,8 millones de euros) a comerciantes y conductores de transportes.

Además, la población sufre a diario asaltos a punta de arma blanca o de pistola. Para evitar estos robos, toman precauciones como evitar determinadas calles al anochecer o tintar las lunas de sus vehículos. Así, argumentan, los ladrones, que suelen ir en moto, desconocen cuántas personas hay en el vehículo y quienes viajan solos se sienten menos vulnerables. Al mismo tiempo, la población con recursos económicos se ha ido aislando en los denominados «condominios», que son urbanizaciones con grandes medidas de seguridad que incluyen guardias armados.

Las consecuencias de esta excesiva seguridad que se autoimpone la clase media la ha reflejado un grupo de jóvenes guatemaltecos en una exposición para llamar la atención sobre el impacto que tiene este aislamiento en las relaciones sociales. Así lo expresa Mónica Mazariegos, autora de una serie de fotografías que forma parte de esta muestra y que sufrió un secuestro exprés hace ocho años, que culminó con el robo de su vehículo y de todas sus pertenencias. Pese a esta experiencia en la que reconoce que llegó a pensar por primera vez en la posibilidad de morir, lamenta que las medidas que se están aplicando para garantizar la seguridad «trastocan no solo la personalidad, sino la forma en la que la gente se relaciona».

Un arma por 288 euros

Una de las alternativas a las que recurren cada vez más los guatemaltecos es la compra de armas en alguna de los numerosos establecimientos que venden pistolas y escopetas, como la que atiende Fabiola López en pleno centro comercial en la calle principal de la capital guatemalteca. López explica que, al menos,vende un arma al día, cuyo precio oscila entre los 2.425 quetzales la pistola del calibre 22 (288 euros) y los 24.000 quetzales (2.857 euros) la de calibre 9. Para poder adquirirla, es necesario que el comprador sea mayor de 18 años, no tenga antecedentes penales y abone 425 quetzales (50 euros) para la licencia, que permite poseer tres armas, aunque no hay límites en cuanto al número de licencias.

Jonathan Hernández es uno de los clientes de este establecimiento que está pensando en comprarse otra pistola, que se sumaría a las tres armas de que ya dispone para «garantizar la seguridad» de su familia y «cuidar el rancho» en el que vive. «No las tengo para hacer daño a nadie, por lo que le pido a Dios que no me ponga en una situación en la que tenga que actuar mal contra otra persona», dice mientras levanta la pistola de fabricación checa por la que se ha interesado.

«Qué bueno que llegaste», es lo primero que se dicen los guatemaltecos cuando un miembro de la familia llega a casa, destacando el hecho de que por ese día no haya sido víctima de la violencia endémica que azota al país y que solo durante el Gobierno del expresidente Otto Pérez Molina dejó 21.203 víctimas mortales, según un informe del Grupo de Apoyo Mutuo.