Tanto el Gobierno francés como el grupo automovilístico Renault intentaron evitar ayer a toda costa comparar los «excesos» de emisiones en vehículos de la firma del rombo con el fraude de la alemana Volkswagen. A pesar de los mensajes en tono tranquilizador que intentaron transmitir Renault y el Ejecutivo tras la información lanzada por el sindicato CGT, la noticia tuvo su repercusión en la Bolsa de París, al dejarse la firma hasta el 20% de su valor en una caída que logró limitar al 10,28% al cierre.

El grupo reconoció que las autoridades crearon, a raíz del caso Volkswagen, una comisión técnica para analizar las emisiones de los vehículos de las marcas en el Estado francés, en una iniciativa que afecta a cien vehículos en total. Además, en paralelo, la Dirección General de Política, Asuntos del Consumidor y Competencia de Control de Fraude inició otra investigación que le llevó la semana pasada a visitar la sede central de la empresa, el centro técnico de Lardy y el Tecnocentro de Guyancourt.

Por el momento, la firma del rombo informó de que el «procedimiento en curso no pone de manifiesto la presencia de un software malicioso equipado en los vehículos».

El Ejecutivo galo –es el primer accionista de Renault con un 19% de su capital– también se vio obligado a salir al paso para rebajar la preocupación. Sin embargo, la ministra de Ecología, Desarrollo Sostenible y Energía, Ségolène Royal, reveló que se han detectado «excesos» en los niveles de dióxido de carbono (CO2) y de óxido de nitrógeno (NOx) –como ocurrió en el caso de Volkswagen– de la firma y de otros dos fabricantes –que no serían franceses–, mientras que PSA Peugeot Citroën no superó los límites.

Eso sí, intentó aliviar a la ciudadanía al afirmar que no se ha constatado fraude. «Los accionistas y los empleados (más de 170.000 personas) pueden estar tranquilos», señaló Royal.

Por otro lado, el grupo italo-estadounidense Fiat Chrysler Automobiles (FCA) se dejó un 7,94% en la Bolsa de Milán, después de que se diera a conocer que dos concesionarios en Estados Unidos han demandado a la empresa por ofrecerles primas económicas por manipular sus cifras de ventas.

EPA y Volkswagen se limitan a señalar que seguirán trabajando para buscar una solución

Mientras la alerta saltaba ayer en el Estado francés con Renault, la firma alemana Volkswagen sigue su camino. El miércoles se reunieron en Washington el consejero delegado del Grupo, Matthias Müller, y la directora de la Agencia de Protección Medioambiental (EPA) de Estados Unidos, Gina McCarthy, para hablar sobre los motores trucados, aunque solo trascendió que trabajarán para buscar una solución.

«Agradecemos la conversación con Volkswagen. Seguiremos trabajando para encontrar una solución», se limitó a señalar un portavoz de la EPA, organismo que denunció en setiembre el trucaje de los motores diésel de VW en EEUU para ocultar sus emisiones de productos contaminantes.

Müller acudió a la reunión con EPA a sabiendas de que las autoridades medioambientales de California han rechazado el plan inicial de llamada a revisión presentado por Volkswagen.

El Consejo de Recursos del Aire de California (CARB), el organismo encargado de regular las emisiones aéreas en ese estado, rechazó el plan presentado en noviembre por VW para reparar los más de 500.000 vehículos afectados, al entender que sus propuestas «son incompletas, sustancialmente deficientes y no cumplen los requisitos legales» para que los vehículos afectados puedan ser certificados.

Desde VW se han mostrado optimistas en días anteriores y, según fuentes alemanas, el fabricante presentará a EPA un catalizador que permitiría certificar los vehículos fraudulentos para cumplir la normativa estadounidense.GARA