En un comunicado, el Parlamento Social recuerda que «cada habitante de Navarra debemos más de 5.000 euros que nos corresponde de promedio y tendremos que pagar más de 500 euros anuales durante los próximos diez años. Una losa muy pesada que condiciona gravemente nuestro futuro».

La mayor parte de esa deuda se generó en la primera década de este siglo y es resultado «de las iniciativas llevadas a cabo por las Empresas Públicas de Navarra (Sodena, Nafinco, NGA, FJN, Star Up Capital Navarra… hasta un total de 40), hoy agrupadas en la Corporación Pública Empresarial de Navarra (CPEN). Estas empresas se dedicaban a financiar, avalar o participar en proyectos empresariales privados. Cuando estos proyectos fracasaban, la deuda generada recaía sobre la empresa pública y en última instancia sobre el Gobierno de Navarra, o sea, sobre cada una de nosotras. Proyectos como el circuito de Los Arcos, Pabellón Reyno de Navarra Arena, la Ciudad Agroalimentaria de Tudela o el PSIS proyecto de urbanización del campus empresarial de Lekaroz y otros muchos más se realizaron de esta manera».

Ante esta situación, en su opinión existen dos posibles actuaciones: «asumir el pago tal cual de esa deuda», lo que «lastraría notablemente el futuro de Navarra, tanto en los  servicios y prestaciones sociales, como en proyectos económicos sensatos» o «hacer una auditoría de esa deuda para analizar su origen, decidir qué hacer con ella y delimitar responsabilidades de quienes tomaron las decisiones y se enriquecieron con ellas». En el Parlamento Social apuestan por la segunda opción.

Por ello, solicita información con el fin de hacer la citada auditoría, algo que han hecho los distintos departamentos del Gobierno, pero la Corporación Pública Empresarial de Nafarroa «se negó a dar información anterior al año 2012, periodo en el que se produce buena parte de esa deuda».

El Parlamento Social pide que se acabe con esa opacidad de la CPEN y que suministre la información requerida.

Sobre la información ya entregada, destaca que en un primer análisis, ha detectado «una deuda que consideramos ilegitima por un importe de 24,5 millones de euros, producto de la gestión de los Gobiernos de UPN con la CAN. Concretamente con la contratación de dos swaps (realmente son 1 SWAP y 1 COLLAR) que implicaron 4,9 millones de coste injustificado, innecesario, premeditadamente malintencionado por parte de la CAN y absurdo, y la venta de las acciones de Iberdrola (19,5 millones de pérdida)».

Por ese motivo, solicita que el Gobierno «inicie las actuaciones judiciales pertinentes, o en su caso negocie con la entidad financiera una quita sobre la deuda actual, que permita la devolución, para beneficio de toda la ciudadanía navarra, tanto de esta cantidad como de las que se detecten en un futuro».