Los archivos del Ministerio del Interior español guardan todavía infinidad de secretos relacionados con el conflicto en Euskal Herria durante las últimas décadas. También los de Defensa. O puede que Justicia. En alguno de estos lugares debe haber documentación que arroje luz sobre la guerra sucia, tanto del GAL como de grupos anteriores. También podrían hallarse explicaciones sobre el trabajo «con red», que es como el periodista Fernando López Agudín, que trabajó en Interior entre 1994 y 1996, reconoció que los altos mandos policiales denominaban a la tortura. Nadie lo sabe, ya que existen miles de papeles cerrados a cal y canto y protegidos por una Ley de Secretos Oficiales que data de la dictadura franquista (1968) y que únicamente fue modificada una década después. La clave de la norma: al contrario que en otros lugares como Gran Bretaña, EEUU o Estado francés, no hay fecha máxima para que los escritos se hagan públicos de forma automática. El diputado del PNV Mikel Legarda ha presentado una proposición de ley para revertir esta situación y permitir que las materias secretas se desclasifiquen a los 25 años y las reservadas a los 10. Según esta propuesta, el Ejecutivo tendría la potestad de ampliar el secreto una década más. Esto nos llevaría a 1981. O un año después, tendiendo en cuenta que, de aprobarse, la normativa entraría en vigor, como pronto, el próximo año.

Imaginemos todo los papeles que podrían hacerse públicos. Por ejemplo, ¿habrá documentos referidos al atentado contra el dirigente de ETA José Miguel Beñaran «Argala», en 1978? Un marino retirado relató al periodista Antonio Rubio, de ‘‘El Mundo’’, que la operación fue preparada por militares y guardias civiles como venganza por la muerte del presidente español, Luis Carrero Blanco. ¿Podrían hallarse papeles sobre cómo se creó, se financió, se estructuró y desarrolló sus acciones el GAL? ¿Luz acerca de la desaparición de José Miguel Etxeberria «Naparra», ocurrida en 1980 y cuyo caso se ha reabierto recientemente? Las preguntas son interminables porque hay una larga lista de casos de violencia de Estado que deberían aparecer, al menos como referencia, en los documentos secretos y los análisis internos. Y esto es solo para el período de la llamada Transición. Luego se podrían desclasificar documentos relacionados con consecuencias del conflicto en la época más moderna. Desde la muerte de Mikel Zabalza en comisaría de la Guardia Civil en 1985 hasta el tiroteo contra Josu Muguruza de 1989, pasando por el atentado contra Santi Brouard en 1984 y tantos otros. Asuntos que no solo afectan al interés de los historiadores, sino que tienen un impacto directo en el modo de afrontar la convivencia en Euskal Herria, ya que se perpetraron con total impunidad.

A partir de aquí también podrían conocerse los secretos de otros asuntos de interés que tienen que ver con la evolución política del Estado. Por ejemplo, si el rey español emérito, Juan Carlos de Borbón, estaba al corriente del golpe de Estado protagonizado por Antonio Tejero en 1981. Por no hablar de la infinidad de archivos franquistas que, a pesar de que hayan transcurrido cuatro décadas desde la muerte del dictador Francisco Franco, todavía siguen protegidos. Según reconocen desde el PNV, no se ha hecho un listado de todos los asuntos que podrían quedar desclasificados en caso de que se apruebe su propuesta de ley. Así que las posibilidades son infinitas. Otra cosa es que la propuesta jelkide sea finalmente avalada.

Lógica «antiterrorista»

«Para esta irresponsabilidad no contarán con nuestro apoyo». Francisco Martínez, antiguo secretario de Estado de Seguridad, fue el encargado de defender el pasado martes el veto del PP a la propuesta del PNV. Su gran argumento para oponerse a permitir que la ciudadanía conozca asuntos clasificados hace décadas fue la «lógica antiterrorista». Sin citar a ETA, consideró que la apertura de estos archivos destaparía algunas de las fuentes de información. «El Código Penal dice que los delitos de terrorismo no prescriben. ¿Cómo vamos a convertir la principal herramienta, la información, en pública, solo por el transcurso del tiempo?», planteó.

Tanto los diputados de PP como los de Ciudadanos se abstuvieron y la toma en consideración se aprobó con 169 a favor, tres en contra y 162 abstenciones. Sin embargo, puede haber trampa. Miguel Ángel Gutiérrez, portavoz del partido naranja, dejó caer que el Gobierno español estaría preparando un proyecto de ley para los próximos seis meses. La ministra de Defensa, María Dolores Cospedal, estuvo en el debate aunque no abrió la boca. Ahora, además, se abre el plazo de enmiendas y tampoco se puede olvidar de que el PP tiene mayoría absoluta en el Senado, lo que da capacidad de veto, aunque sea temporal. No sería descartable que PP y PSOE terminasen pactando una reforma «light» que permitiese, como ahora, desclasificar documentos relacionados con los ovnis pero que sellase la posibilidad de conocer las intrigas del Estado en Euskal Herria.

Por el momento, la tramitación de la ley sigue su camino. Aunque no se puede olvidar que la transparencia ha sido siempre enemiga de la «razón de Estado».