Después de diez años de innumerables vaivenes en diferentes instancias judiciales, el Tribunal de Apelación de París ha condenado definitivamente a la empresa Dassault-Biarritz a pagar 1.100.000 euros a siete sindicalistas de CGT para compensar los emolumentos que no pudieron percibir durante todo ese periodo porque la empresa frenó o impidió la lógica evolución en su carrera laboral.

En consecuencia, la mayor empresa industrial del sector privado de Ipar Euskal Herria deberá, además de resarcirles económicamente, aplicarles los correspondientes ascensos de categoría, con lo que cinco de ellos pasarán de tener el estatus de obrero al de cuadro. Los otros dos ya están jubilados.

Discriminación subliminal

Pierre Etchegoyen, uno de los afectados por la sentencia del 4 de octubre que se ha dado a conocer públicamente esta semana, ha declarado que «las sumas pueden parecer importantes pero no son más que una parte de lo que dejamos de percibir en comparación con la evolución de una carrera laboral mediana, incluidas la pérdida en la participación de beneficios y en las bases para la jubilación». Cada uno percibirá entre 100.000 y 190.000 euros.

El sindicato ha subrayado que «más allá de las acusaciones y la criminalización a la que son sometidos frecuentemente sus delegados y afiliados», existe otro tipo de discriminación «más discreta» que afecta a los representantes o electos sindicales en las empresas donde «su actividad legitimada por la Constitución sigue siendo enérgicamente reprimida por los patronos»

Precisamente, en estos últimos años varias empresas de Ipar Euskal Herria han sido condenadas por discriminación sindical, entre ellas, Bonnet Nevé (Epta Refrigeration) de Hendaia, Castorama, Iné Aquitaine, Caisse d'Epargne y Turbomeca.

Dassault-Biarritz, cuya factoría está situada en el término municipal de Angelu, es la sexta compañía que ha sido fuertemente sancionada en los tribunales por estas actuaciones.