El titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Badalona sostiene que si los concejales hubiesen abierto las puertas del Ayuntamiento a la ciudadanía y a los empleados públicos y todos ellos hubieran entrado en el Consistorio el pasado 12 de octubre, Día de la Hispanidad, lo que no ocurrió, ello habría sido «la verdadera desobediencia».

Por el contrario, el juez remarca que los hechos se limitaron a «una mera performance», que no supone delito. «Lisa y llanamente, el Derecho penal no castiga las performances», concluye.

Pese a que fueron el PP de Badalona y un vecino los que denunciaron a los concejales, la causa se abrió por «decisión propia» del juez, según recuerda el magistrado en su escrito, en el que apunta que ni el PP ni el vecino se personaron en la causa ni tampoco lo hicieron la Fiscalía, pese a que lo hace de manera «nada infrecuente» en otros casos de supuesta desobediencia, ni la Abogacía del Estado, que fue quien solicitó la medida cautelar –para impedir abrir el Consistorio aquel día— que supuestamente fue desobedecida.