Asimismo la moción de Podemos insta a llevar a cabo un control de la aplicación o utilización del Real Decreto Ley 1/2017 en las reclamaciones extrajudiciales que los particulares realizan a sus entidades financieras en esta materia.

Además pide que se impongan las sanciones previstas en la normativa en los casos en que se detecte una imposición generalizada y extendida de este tipo de cláusulas y sean éstas, además, agravadas e incrementadas en los casos en que se aprecie resistencia o mala fe por parte de las entidades financieras en la aplicación de las resoluciones previstas en el Real Decreto.

En su defensa, la portavoz de Podemos Laura Pérez ha instado a implicar a la Administraciones públicas y a disponer de herramientas para defender los derechos e intereses de los consumidores.

Las instituciones «no pueden tolerar que las entidades financieras sigan lucrándose por encima de sus posibilidades y las nuestras», ha sostenido Pérez, quien no ha aceptado la enmienda de Geroa Bai que ha sido defendida por Jokin Castiella, quien ha dicho que le gusta «la música pero no la letra» de la moción de Podemos.

Entre otras cuestiones Castiella, quien ha compartido que hay que las instituciones deben poner a disposición de los ciudadanos mecanismos para hacer frente a situaciones ilegales y abusivas, ha comentado que «Consumo no puede realizar una labor policial de investigación», así como que lo que se pide ya se está aplicando.

Por UPN, Juan Luis Sánchez de Muniáin ha manifestado que lo que se pide en esta moción es que el servicio de Consumo haga lo que debe y les consta que «lo está haciendo».

Maiorga Ramírez, EH Bildu, ha dicho que si hay que activar una investigación especial «merece la pena» hacerlo. Según los datos que ha aportado, a 21 de abril 232 personas habían sido atendidas por el servicio de Consumo y hay más de 136 citas previstas.

Por el PSN, Ainhoa Unzu ha comentado que el Gobierno debería estar velando desde el 21 de febrero porque las entidades cumplan sus obligaciones, pero con estas propuestas «se deja entrever que no es así». En su opinión, lo «justo» es eliminar por ley las cláusulas abusivas.

La portavoz del PPN, Ana Beltrán, ha anunciado su voto a favor, tras lo que José Miguel Nuin, I-E, ha apoyado «la máxima implicación» de las administraciones en sus funciones para controlar las prácticas de la banca, en este caso las abusivas.