
Cheikhouna, senegalés de 36 años, lleva viviendo en Iruñea desde 2006 y en 2015 se decretó contra él una orden de expulsión ya que no cuenta con papeles. De hecho, un juez ya falló en su contra y ha ordenado su expulsión, aunque esta decisión ha sido recurrida.
En un segundo punto, la declaración insta «a las instituciones competentes a resolver de forma satisfactoria en caso de Cheikhouna y seguir trabajando para que Pamplona sea una ciudad de apoyo y acogida a los migrantes».
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