El informe de la actividad desarrollada en 2016 por el Ararteko indica que recibió 8.171 quejas de ciudadanos contra decisiones adoptadas por las distintas administraciones de la CAV.

Casi 800 reclamaciones estuvieron relacionadas con los distintos instrumentos y prestaciones relacionadas con la lucha contra la exclusión social, como la RGI o la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV).

En opinión de Lezertua, es necesario «mejorar y adecuar» la información que se ofrece a los ciudadanos sobre los requisitos de acceso a estas ayudas y sobre las «obligaciones» en las que incurren a la hora de recibirlas.

Ha reiterado que Lanbide revisa con «demasiado celo y exhaustividad excesiva» el cumplimiento de los requisitos por parte de los perceptores de las ayudas sociales, lo cual genera «dilaciones y retrasos», por lo que opina que existe un margen «importante» de mejora en lo que se refiere a los plazos.

EH Bildu ha denunciado que el análisis del Ararteko pone de relieve las «carencias» que existen en la atención de «necesidades básicas», mientras que Elkarrekin Podemos ha calificado de «preocupante» el incremento de quejas relacionadas con la gestión de las prestaciones sociales y ha alertado de que se está poniendo en «riesgo» a los sectores más desfavorecidos.