Rajoy respondía así a una pregunta del senador del PNV Jokin Bildarratz, quien ha defendido esta ley, suspendida de manera cautelar por el Tribunal Constitucional.

Rajoy le ha replicado que su Gobierno «no rehúsa llegar a acuerdos», pero ha señalado que el asunto fue debatido en la Comisión bilateral de la CAV con el Estado y no se alcanzaron frutos positivos.

Ha dejado claro que el recurso no es contra toda la norma sino contra algunos artículos y, en concreto, contra la inclusión en dicha ley de una «comisión de valoración», que se crea como órgano administrativo colegiado para tramitar el procedimiento y reconocer a las víctimas.

A este órgano, ha dicho Rajoy, se le dota de funciones de instrucción e investigación, y ha precisado que cuando se determina que hay víctimas también se establece que hay un culpable. Este hecho, ha precisado Rajoy, le compete a la jurisdicción penal, porque los delitos que han provocado las víctimas corresponden al Código Penal.

El presidente entiende que la creación de esta Comisión de Valoración y sus funciones pueden afectar al contenido esencial de derechos fundamentales, ya que una comisión administrativa no puede declarar culpable a alguien. Esto, ha dicho Rajoy, afecta a la presunción de inocencia, al derecho a un juez predeterminado por la ley y excede las competencias de una comisión administrativa. «Es el tribunal el que tiene que condenar al funcionario y no una comisión administrativa».

Priorizar la atención a las víctimas

Al hilo de este argumento, Bildarratz ha explicado que el texto de la Ley garantiza, precisamente, dotar de fuerza al ámbito jurisdiccional. «El artículo 14.5 establece que en aquellos casos en los que la Comisión de Valoración tenga conocimiento de la existencia de causas judiciales abiertas, el órgano encargado de resolver el expedientes suspenderá la tramitación del procedimiento hasta que la vía judicial se haya agotado», ha recordado.

Bildarratz, que ha señalado a Rajoy que se equivoca cuando afirma que el recurso ha sido presentado «solo contra unos artículos», ha enumerado varias leyes que subrayan la prioridad de dar atención a las víctimas, como la resolución 60/147 de Naciones Unidas, que recoge que la víctima será reconocida con independencia de si el autor ha sido identificado, aprehendido, juzgado o condenado; el artículo 2 del Convenio Europeo sobre indemnización a víctimas, que dice que la reparación se concederá incluso si el autor no puede ser perseguido o castigado.