Un día sí y otro también, el ministro italiano del Interior, Matteo Salvini, logra que su voz sea escuchada cuando habla sobre los migrantes o sobre los gitanos. Pero en cuanto a la economía, la política que seguirá el nuevo Gobierno italiano sigue siendo una incógnita debido a las señales contradictorias que está enviando el Ejecutivo.

Tras el rechazo del presidente a nombrar al euroescéptico Paolo Savona –luego rescatado para el Ministerio de Asuntos Europeos–, los dos partidos de la coalición gubernamental, el Movimiento Cinco Estrellas (M5S, antisistema) y la Liga (extrema derecha), se pusieron de acuerdo sobre el nombre de Giovanni Tria para el cargo de ministro de Economía y Finanzas.

Nada de salida del euro, esfuerzos para reducir la deuda del país –que tiene el ratio más elevado de la eurozona tras Grecia (el 132% del PIB)–, respeto a los compromisos europeos sobre presupuestos... las primeras declaraciones de este economista tranquilizaron a los mercados. De golpe, el spread, el diferencial entre las tasas de los bonos a diez años alemán e italiano, se redujo tras haberse disparado durante el último mes.

Los dos partidos en el poder, al igual que el propio Tria, han puntualizado que la reducción de la deuda se hará a través del crecimiento, especialmente por la vía de la reactivación de las inversiones y aumentando la demanda gracias a un ingreso ciudadano o renta básica de 780 euros y una reforma fiscal. Quedaría fuera, por tanto, cualquier medida de austeridad.

Objetivos de déficit revisados. En este contexto, los diputados votaron el 19 de junio una moción que prevé revisar los objetivos de déficit publico de 2019 a 2021. Si bien el texto recoge que esto se hará en el «respeto a los compromisos europeos», es decir, con el déficit público por debajo del 3% del PIB, la cuestión es saber a qué nivel se llegará.

El anterior Gobierno de centro-izquierda preveía una relación déficit/PIB del 1,6% en 2018 y 0,8% en 2019, en claro descenso en comparación con el 2,3% de 2017, para alcanzar el equilibrio presupuestario en 2020.

Tras el relevo en el poder, según algunos medios de comunicación, este equilibrio sería aplazado hasta 2021. Además, Roma reclama que las reglas europeas evolucionen para que los gastos de inversión sean tratados de forma diferente a otros gastos en el cálculo del déficit.

La niebla que envuelve esta situación debería levantarse en setiembre, cuando Roma presente su «marco programático», con presupuesto y previsiones.

Pero el nombramiento de dos miembros de la Liga claramente euroescépticos al frente de importantes comisiones parlamentarias fue recibido como un mal augurio por los mercados el 21 de junio, provocando un aumento temporal del spread.

Alberto Bagnai fue designado presidente de la comisión de Finanzas del Senado y Claudio Borghi –partidario de los mini-Bots (minibonos del Tesoro), unos títulos percibidos como una especie de moneda paralela al euro–, de la comisión del Presupuesto en la Asamblea.

«No sabemos cuál será la política económica que va a seguir Italia. Por el momento, estamos escuchando declaraciones tranquilizadoras sobre la disciplina presupuestaria y la reducción de la deuda, pero ya veremos (...). Lo que sí se puede observar es que los mercados están más nerviosos y tienen más ansiedad, ya que quieren comprender cuál será el mix de las políticas italianas», subrayó, por su parte, la directora general del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde.

Equilibrista. Las tensiones podrían surgir, incluso, en el seno del Gobierno, lo que conllevaría que Tria se viera obligado a realizar un número de equilibrista.

Eclipsado a menudo por las aplastantes declaraciones de su colega de Interior, el ministro de Trabajo y líder del M5S, Luigi Di Maio, espera imponerse en la cuestión de la «dignidad». Ha prometido hacer frente a la precariedad, retocando la “Jobs Act” –la reforma del mercado laboral que introdujo mayor flexibilidad– y negociando con los grandes grupos que están en el origen de los empleos precarios (como los del reparto de comida a domicilio) e introduciendo un salario mínimo por hora.

Pero la promesa faro del M5S es la puesta en marcha de un ingreso ciudadano destinado a facilitar la integración de los más pobres en el mercado laboral. Tria, que en el pasado expresó sus dudas sobre el interés real de esta medida, la frenó el 22 de junio, mientras que Di Maio sostiene que esta «prioridad absoluta» del Gobierno debe entrar en vigor a finales de año.

Por su parte, Salvini, que cuenta como muchos votantes entre los pequeños empresarios, ha hecho de la “flat tax” (impuesto único) su caballo de batalla. También aboga por una suerte de amnistía fiscal que permitiría a los italianos llegar a un acuerdo con el fisco a muy bajo costo para los afectados.