No nos vamos a cansar». Es la advertencia de Juan Antonio Nikolas Ruiz, coordinador de la plataforma de pensionistas de Uribe Kosta y Margen Derecha. «Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden». Recuerda el lema tan escuchado en las manifestaciones que los jubilados llevan haciendo cada lunes desde hace exactamente un año. Mañana se cumple el primer aniversario de aquella primera protesta, en la que identificaron a varias personas para luego multarlas acusadas de cortar la carretera. «Para eludir más sanciones» crearon la Plataforma de Jubilados de Bilbo.

Así resultó el inicio de una marea que no tiene intención de bajar y menos aún cuando las elecciones forales y municipales tocan ya a la puerta. Como coordinador de la comarca, Nikolas Ruiz adelanta a GARA una de las iniciativas que «marcará un antes y un después». Mañana, tras dar luz verde a las 16 reivindicaciones planteadas, escribirán una carta unificada para repartir a todos los partidos políticos de cada municipio: «Tienen 60 días para responder a cada una de las reivindicaciones, recalcando con cuál de ellas están de acuerdo y con cuál no. A partir de entonces, porque esperemos que nos respondan, lo trasladaremos a las bases de cada plataforma y visibilizaremos quién nos apoya y quién no».

Ya intuyen los apoyos, puesto que presentaron mociones en algunas localidades «en pro de las personas pensionistas» y en todas ellas el equipo de gobierno presentó una contramoción que, en el caso de Sopela, incluso llegó a aprobarse con los votos de PNV y PSE. «En Berango también la presentaron, pero hasta el PP votó en contra de las propuestas del PNV. No prosperó la moción pero, al menos, tampoco la contramoción».

Las distintas plataformas de Bizkaia se reúnen en asamblea cada miércoles en la sala principal del edificio La Bolsa de Bilbo, en un encuentro que no se alarga más de dos horas «para no agotar al personal». El movimiento cuenta con un organismo de comunicación que la víspera suele decidir el orden del día de la asamblea, además de un grupo de dinamizadores y hasta una comisión argumentaria «para desbaratar las informaciones que ofrece la prensa amarilla o la televisión». La siguiente gran cita que se les presenta es la del sábado: a partir de las 17.00 Bilbo acogerá lo que se prevé otra manifestación multitudinaria y las plataformas desean «que se acerque gente joven, porque lo que pedimos es para ellos también».

Iniciativa Popular Legislativa en 2011

La marea empezó a salir a la calle el 15 de enero de 2018, pero el comienzo de la lucha se remonta al año 2011. En Bizkaia se formó la asociación Pentsionistak Martxan, legalizada en 2012. Junto a ella, Duintasuna (Gipuzkoa), Arabako Pentsionistak Lanean y Sasoia (Nafarroa) solicitaron garantizar una pensión mínima de 1.080 euros –tal y como recoge la Carta Social de los Derechos Humanos de la Unión Europea– y la relación de un Organismo Público de Protección y Seguridad Social. La Iniciativa Popular Legislativa (ILP) fue avalada con 71.724 firmas en la CAV y con 7.300 en Nafarroa. El 22 de setiembre de 2016 la mayoría de la Mesa del Parlamento de Gasteiz (PNV, PP, PSE y UPyD) rechazó la posibilidad de llevar adelante la ILP y se opuso «a la realización de un debate social y a legislar a favor de lo solicitado».

El enfado iba in crescendo, rememora Nikolas, y mediante Twitter empezaron a movilizar a la gente: «Fueron clave las redes sociales, tanto a nivel de Euskal Herria como del Estado español». Empezaron a tomar las calles. Una de las señas de identidad de las plataformas de Bizkaia es un pañuelo rojo con el símbolo del paraguas –«que nos aglutina a todos»– y la cifra de la pensión mínima (1.080 euros) bien en grande: «Es nuestro símbolo más emblemático». Se hizo una tirada de 6.000 pañuelos al principio, y ahora han vuelto a sacar otra de 2.000.

En Berango, para visibilizar la lucha y la petición de la pensión mínima, han entregado carteles rojos a diferentes comercios, tanto bares como tiendas, para que los peguen. «Y ha tenido una buena acogida. La idea es mantener permanente el foco de los pensionistas». El color rojo está bien presente y Nikolas argumenta, entre risas, que es porque «somos bastantes rojos».

En la misma Berango, por ejemplo, la primera reunión la celebraron el 12 de febrero. Fue el primer pueblo de la comarca en organizarse –la primera reunión comarcal llegó el 25 de abril– y aquel día la sala se les quedó pequeña. Desde entonces se citan cada lunes a las 11.00 para consensuar lo que tienen que decir por el megáfono en la concentración de las 12.00. «Previamente ponemos carteles», detalla Nikolas. «Y cada fin de semana se escucha nuestro mensaje en el pueblo a través de la megafonía, igual que se hace en Sopela. En otros sitios, en cambio, la cosa está más debilitada», admite.

En el encuentro de mañana se estudiará la posibilidad de realizar una manifestación en Algorta, escenario de la primera marcha celebrada en Uribe Kosta y Margen Derecha.

Importancia a los servicios

Servicios básicos. Es lo que reclamó Isabel Otxoa, profesora de Derecho Laboral y Seguridad Social en la UPV-EHU, en una charla organizada por Oneka –la Plataforma de las Mujeres Pensionistas Vascas– la semana pasada en Donostia, más allá de romper la brecha entre géneros o de exigir la pensión mínima para todos y todas.

«Las necesidades aumentan en la vejez», aciertan a decir varios de los asistentes en la repleta sala del Koldo Mitxelena. «En la Sanidad quedamos en un segundo plano y necesitamos más información por parte de las instituciones», asegura Nekane Berriotxoa, una de las impulsoras de Oneka. La exigencia de una prestación económica digna aglutina al movimiento, pero hay muchos más problemas invisibilizados. «A partir de los 65 años no nos comunican nada para realizar las revisiones de cáncer de mama o de colon», apuntan una mujer y un hombre.

Otxoa, que recuerda que la salud y el cuidado son elementales para el bienestar, critica las listas de espera de Osakidetza y detalla que el gasto medio en la sanidad privada ronda los 800 euros al mes. Por ello, incluso duda de si la pensión mínima debe ser de 1.080 euros. «Si hay buenos servicios puede ser suficiente para vivir dignamente».

Berriotxoa, que adelanta que próximamente tienen previsto reunirse con Emakunde, manifiesta que «es hora de presionar de cara a las elecciones».