Pese a las críticas que ha recibido Vox durante el debate de esta iniciativa, PP y Ciudadanos han votado a favor, mientras que el PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos se han mostrado en contra.

El texto de la proposición no de ley pide que el Gobierno español proceda a la «ilegalización inmediata de los partidos separatistas que atenten contra la unidad de España», un punto que ha provocado las críticas del resto de los grupos porque el Ejecutivo no tiene competencias para ello.

También solicita que el Gobierno de Madrid inste a la UE a que inscriba a los CDR en la «lista de organizaciones criminales y terroristas», y se proceda «de inmediato» a suspender cualquier pago o subvención que pudieran estar percibiendo, así como cualquier otra asociación u organización que tenga relación directa o indirecta con la misma.