Stop Desahucios trasmite que «el GV-Alokabide tiene la obligación de garantizarles que el pago del alquiler y los suministros básicos no sean una preocupación, que no se vean obligados a decidir entre pagar el alquiler o atender a otros gastos de primera necesidad».

Recuerda que la Generalitat de Catalunya «bonificará cuotas en los más de 20.000 pisos de alquiler público, Madrid también ha tomado la medida para 6.000 pisos públicos y la Generalitat Valenciana exonera el pago del alquiler social a los afectados por el coronavirus».

Tras poner estos ejemplos critica que Alokabide «sigue sin decir nada a los más de 12.500 inquilinos de alquiler social. Es cierto que Alokabide puede adaptar las rentas a reducciones de ingresos, pero en la actual situación de excepción debiera comunicar públicamente que exonera de la cuota y gastos de comunidad durante tres meses, como contribución a la seguridad de familias que hoy son más vulnerables que nunca y necesitan un respiro».

En su comunicado Stop Desahucios añade que «estamos viendo que empresas del sector inmobiliario, como Blackstone, propietario de Testa o Anticipa, con más de 30.000 viviendas en el estado, 520 de VPO en Benta Berri (Donostia), Lazora o Encasa Cibeles (Goldman Sachs) se están planteando la moratoria del pago de los alquileres durante dos meses y dar posteriormente facilidades de pago. No están dispuestas a reducir su margen de beneficios y, con el argumento de apoyar a las familias, intentan exclusivamente garantizar su pago sin perder un duro. Otras como Vitalquiler (925 VPO) en Gasteiz o tenedores con cinco o más viviendas de alquiler, ni siquiera dicen nada».

La Plataforma Antidesahucios señala que en el conjunto del Estado y junto con muchas organizaciones sociales, «estamos exigiendo al gobierno del Estado que amplíe sus medidas sociales y Stop Desahucios de Euskadi al Gobierno Vasco que empiece a coordinar una respuesta, dando fin al triste espectáculo de medidas dispersas de ayuntamientos y diputaciones, y complemente las medidas estatales en materia de vivienda. La moratoria del pago de la hipoteca durante un mes, para titulares y avalistas, significa que habrá que pagar después las cuotas demoradas. Además, la letra pequeña restringe su aplicación y hace insuficiente la medida».

Reclama que «ante esta situación excepcional, la Banca, con 23.000 millones de beneficios en 2019 y una deuda de 65.000, y las grandes empresas, tienen que asumir también su contribución a esta crisis, exonerando de las cuotas hipotecarias o de alquiler mientras dure la actual situación a colectivos vulnerables. Tampoco es suficiente la actual moratoria del corte de suministros básicos y telecomunicaciones, sin decir siquiera cómo habrá que pagar después la factura. Creemos que hay que corresponsabilizar a los suministradores para que asuman el coste de las facturas a quienes no pueden pagarlas. En esta crisis no somos todas las personas iguales, como se está viendo, y es nuestra obligación exigir que las medidas sociales sean suficientes y justas, sobre todo para quienes más las necesitan».