La Sección Primera de la Audiencia de Bizkaia despejará este jueves el horizonte en el juicio contra el exalcalde de Alonsotegi José Luis Erezuma y otras cinco personas por el fraude de certificaciones de obras en 2011 para solventar deudas que el Consistorio mantenía con la firma Laneder Construcciones. La Fiscalía pide 6 años de prisión para este exprimer edil jeltzale.

Tras la investigación del Juzgado de Instrucción nº 4 de Barakaldo, su titular resolvió que había indicios de que quien fue alcalde de Alonsotegi entre 2011 y 2015, el jeltzale José Luis Erezuma; el arquitecto asesor Alberto Zulueta, el aparejador Juan Torrontegi, los responsables de Laneder Construcciones Eduardo Ibarra y Francisco Javier Bediaga, y la arquitecta municipal Marta Novo «actuaron de común acuerdo», aprovechándose de un temporal de lluvias en noviembre de 2011, para obtener subvenciones de la Diputación de Bizkaia por importe de 600.000 euros y del Consistorio por 81.392,38 euros para efectuar pagos a Zulueta, Torrontegi y Laneder en concepto de facturas emitidas por estos, «sin contenido económico real».

Evitar la declaración

Una de las apelaciones es la formulada por la Diputación de Bizkaia, que defiende que no ha lugar varias testificiales, entre ellas la de Juan Mari Aburto por ser uno de los firmantes de los informes, propuestas y Orden Foral 3324/2012, de 14 de mayo, de concesión de subvención por el concepto de imprevistos, por importe de 600.000 euros para la reparación del sótano de la casa consistorial, así como los muros del ambulatorio y elkartegi de Alonsotegi, supuestamente afectados por las lluvias torrenciales que sufrió Alonsotegi en noviembre de 2011.

Entre las cinco personas propuestas como testigos están el actual alcalde de Bilbo, por entonces diputado foral de Presidencia, y Joseba Escribano, exdirector de Relaciones Municipales y Urbanismo. Sus defensas argumentan que «solo intervinieron en la tramitación y concesión de la subvención», añadiendo que «su hipotética declaración no daría luz a los hechos investigados».

Desde la acusación popular que promueve EH Bildu se estima que hay indicios de un «posible perjuicio» a la Diputación. Erezuma admitió ante la jueza instructora que las obras en cuestión no se realizaron en 2012 aunque sí recibieron las ayudas forales.

En febrero de 2019, la actual diputada de Presidencia, Ibone Bengoetxea, aseguró en las Juntas Generales de Bizkaia que no detectaron nada en el expediente presentado en 2012 por el Ayuntamiento de Alonsotegi para cobrar una subvención de 600.000 euros por obras inexistentes que les hiciera sospechar que se cometía un delito. «Se cumplieron todos y cada uno de los requisitos que recogía el decreto», defendió la jeltzale.