LAB ha afirmado que el acuerdo alcanzado por la Consejo Europeo para la recuperación tras la pandemia del covid-19 «empobrecerá y precarizará todavía más las condiciones de vida de las nuevas generaciones».

El sindicato ha denunciado que el acuerdo, que contempla un fondo de recuperación financiado con deuda común de 750.000 millones de euros (390.000 en subvenciones y 360.000 en préstamos), «responde a las necesidades del capital», y su negociación, «una lucha de poder entre los diferentes estados».

«No se han tomado medidas para que el capital pague esta crisis, ni se ha previsto o incentivado ninguna reforma fiscal y aunque las medidas acordadas en el Nuevo Pacto Verde sean de obligado cumplimiento para acceder al fondo, queremos recordar que dichas medidas no responden a la situación de emergencia ecológica existente», ha explicado.

Para LAB, «se trata de un rescate financiero al que no han querido llamarle como tal, pero los fondos económicos para la recuperación están condicionados a cumplir con las condiciones que se imponen para el rescate, y ese rescate supondrá la aplicación de diferentes medidas que empeorarán las condiciones de vida de los sectores populares».

Frente a este modelo, ha reivindicado «el derecho legítimo para decidir las políticas que afectan directamente al día a día de los trabajadores» y ha denunciado que, en esta ocasión, «son los Estados los que toman decisiones para luego imponérnoslas».

«El sistema no funciona y necesitamos un cambio de dirección», ha insistido.

Concesiones a los austericidas

Igualmente, ELA ha criticado que el acuerdo «está lejos de garantizar una salida social a la crisis» y más si cabe «tras las concesiones realizadas a los países austericidas».

A su juicio, el pacto alcanzado finalmete empeora incluso la propuesta de la Comisión Europea, «que desde el inicio no daba respuesta a las necesidades existentes tras la crisis económica, sanitaria y social».

Para ELA, la reducción de la cantidad destinada a subvenciones directas y el aumento del volumen de los préstamos «va a aumentar la deuda de los países receptores de las ayudas, ya que tendrán que devolver cuantías que de haberse aceptado el plan inicial no se tendrían que devolver».

En cuanto a las condiciones, ha señalado que las instituciones europeas y los gobiernos de la Unión «condicionan la percepción de recursos económicos (mediante transferencias o préstamos) a la aplicación de políticas de ajuste y a las llamadas reformas estructurales».

Veto político de facto a las ayudas

Así, ha explicado que los estados que adquieran estos fondos «deberán realizar planes nacionales de reforma, que pasan por la autorización de la Comisión Europea, tras ser analizado por el Comité económico y Financiero. Si uno o más miembros de ese comité planteara objeciones, el expediente podría elevarse al Consejo Europeo. Si el Consejo se pronunciarse en contra de los planes, podría equivaler a un veto político de facto».

ELA ha precisado que «cualquier estado podrá denunciar que otro no está cumpliendo con las reformas necesarias, lo que significa que todos los estados podrán poner trabas al reparto de ayudas».

«Vistas las posiciones de algunos países en las negociaciones, nada presagia que las ayudas se vayan a dar fácilmente y vaticinan un control férreo de los países austericidas o los mal llamados frugales», ha denunciado. De esta forma, los estados miembros «no podrán gastar como quieran y su política estará intervenida mientras dure la concesión de las ayudas».

ELA ha reiterado que el acuerdo alcanzado «no da respuesta a las necesidades derivadas de la crisis sanitaria, económica y social que vivimos tras el covid-19», como se anunciaba.

Para el sindicato, está claro que la solución a los problemas no va venir de estos fondos europeos, «ni por la cuantía, ni por los plazos, ni por la finalidad de los plazos, ni por las condiciones de las políticas que van a imponer».