Fueron días aciagos, tal vez los peores que se recordarán por una generación. Las malas noticias que venían de Italia ya sonaban mucho mas reales y cercanas que las de China e Irán. La epidemia iba detonando, las UCIs colapsando y el covid-19 se desparramaba libremente por todo el Estado, con epicentro en Madrid, Barcelona, Rioja y también Araba.

Se conocía poco de aquel mal llamado «virus chino» que hizo frenar a la segunda economía del mundo. Las regiones de Lombardía y Véneto empezaban a contar los muertos por centenares cuando el expremier Conte decidió copiar el modelo Wuhan y confinar Italia. Días después y ante unos números que daban miedo (quizás nunca sabremos hasta qué punto la violencia del bucle viral ya saturaba los hospitales, porque no hay datos), el presidente del Gobierno Pedro Sánchez convocó un Consejo de Ministros para el sábado 14 de marzo.

Madrid ya estaba autoacuartelada. El gobierno regional había ordenado el cierre de todos los bares y los parques. Los ciudadanos, ante el temor por el virus desconocido, no salían de sus casas y la noche en que habló Sánchez parecía el sábado distópico digno de una serie de Netflix. «Nos enfrentamos a una pandemia que requiere medidas extraordinarias», señaló. Y sí que las fueron.

Tras una fuerte discusión interna que se filtraba con el correr de las horas con el vicepresidente segundo Pablo Iglesias por el alcance del llamado escudo social (el motivo por el que el anuncio de Sánchez se demoró hasta bien entrada la noche), Moncloa explicitaba las restricciones a derechos fundamentales, las económicas y las sanitarias. Y también, una herejía para el espíritu del Estado autonómico: el mando único.

Todas las fuerzas policiales, incluyendo Ertzaintza, Policía Foral y Mossos, pasaban a responder al ministro de Interior. Todas las consejerías de Sanidad pasaban a ser subordinadas directas del entonces ministro Salvador Illa. Se nombró un comité de emergencia que incluyó a la vicepresidenta Calvo y cuatro ministros. La suma del poder por aquellos días residía allí. El real decreto tenía dos semanas de duración pero fue renovado dos semanas después en las Cortes, en el peor momento, cuando se llegó a tener casi mil muertos por día.

El drama de la situación hizo que no se sopesara como debía que con un solo decreto el Ejecutivo central barrió con las autonomías de forma casi militar. Hacía días que se sabía a lo que se iba a llegar y podría haber habido una reunión urgente de presidentes autonómicos, por ejemplo. Pero el instinto recentralizador pudo más.

Sin olvidar el enorme drama humano que se vivía, desde una perspectiva política también se puede ver en retrospectiva ahora cómo quienes siempre estuvieron interesados en colar un gol a las autonomías vieron su oportunidad, y la aprovecharon para tener su nueva avanzada jacobina.

Ficción y realidad de la recentralización
El diputado por EH Bildu Jon Iñarritu recuerda aquellos días en entrevista con GARA. «En ese primer momento hubo una centralización y se tomó el poder de todas las competencias autonómicas cuando es un Estado que está diseñado para ser descentralizado teóricamente, y eso provocó un cortocircuito».

El mando único, por tanto, fue una realidad en lo jurídico pero una ficción parcial en los hechos. El dato más obvio es Sanidad: un ministerio sin hospitales ni estructura. Iñarritu señala como claro ejemplo de esta disociación «el caso de la gestión de las residencias; la gente no sabía si dirigirse al Ejecutivo central o a las consejerías».

«Donde fue mas palpable [el mando único] fue en la toma y dirección de las Fuerzas de Seguridad del estado, poniéndolas en manos del señor Marlaska y aplicando la Ley ;ordaza mas que nunca en cuatro años, multando mas que ningún otro país en el entorno europeo. Mas de un millón de denuncias, algo inaudito. Por los excesos, el mismo Defensor del Pueblo y Amnistía Internacional hablaron de que ocurría un liberticidio», añade.

La avanzada centralizadora persiste en dos asuntos que el diputado considera que «deberían ser gestionados por cada comunidad, que son el relativo a las ayudas europeas y lo que tiene que ver con la vacunación». Pese a todo, y en comparación, «en este segundo estado de alarma [aprobado el 29 de octubre por una amplia y multipartidaria mayoría del Congreso] se respeta más el marco autonómico, sin los cortocircuitos e inseguridades que ocurrieron en el primero».

Desde lo simbólico también hubo una estética más jacobina. Imposible olvidar las ruedas de prensas con efectivos militares dando directivas y con un lenguaje infrecuente. «Hubo una clara utilización de los medios y los servicios policiales con ánimo represor y sancionador, más que pedagógico y de prevención», opina Iñarritu. En retrospectiva, con todo, matiza que a pesar de ser crítico «es fácil hacer los cálculos ahora, pero se trató de una situación complicada en la que era difícil acertar».

«¿Es el estado de alarma el instrumento ideal? Creo que hay otros mecanismos, como la ley sanitaria. La descentralización tiene que ser en los buenos y en los malos momentos. España es un estado de autonomías sin espíritu autonómico. Es obvio que algunos poderes tienden a esa recentralización y no les gusta que haya comunidades con capacidades de decisión. Y sí, intentaron aprovecharlo y hacer propaganda. No soy catastrofista, pero en España los resultados son malos y alguien los deberá asumir», concluye.

Por su parte, la diputada por JxCat en las Cortes Miriam Nogueras recuerda negativamente la estrategia de Moncloa: «Con la excusa de la emergencia sanitaria ha llevado a cabo un esfuerzo recentralizador impropio de un Ejecutivo que respeta las competencias de los diferentes territorios. A lo largo de estos meses, el Gobierno se ha convertido, cuando no en un gran estorbo, en un mero espectador que ha abdicado de sus responsabilidades para con la pandemia y se ha dedicado a hacer cábalas electorales mientras las comunidades gestionaban sin recursos, sin capacidad de decisión y con el Estado poniendo trabas».

La diputada –muy próxima políticamente a Carles Puigdemont– lamenta que haya habido «infinidad de casos en los que la Generalitat intentó tomar medidas para controlar la pandemia, adelantándose a los acontecimientos, pero sus demandas fueron ignoradas por el Gobierno». Y añade que, «en el peor mes de la pandemia desde el verano, Sánchez decidió que la más sensata decisión era catapultar al ministro de Sanidad a una contienda electoral. Eso resume a la perfección su manera de hacer».

Ese instinto «natural»
El también diputado soberanista catalán Sergi Miquel (PDeCAT) mira aquellos días dramáticos como un momento de adversidad en el que surgió lo más primario de la élite política española, y eso es recentralización. «La sensación que me dio a mí en ese momento es que el instinto natural del Estado ante una situación como esa fue centralizar todo en Madrid, que es algo típico de un Estado poco descentralizado. Lo natural vieron que era recentralizar todo», reflexiona.

El también presidente del PDeCAT en Girona cree que desde Moncloa «no calcularon, por ejemplo, que Sanidad no tenía muchas competencias ni la red técnica y el conocimiento; hubo una doble temeridad, la política y la del incumplimiento de la administración frente a necesidades». Y  coincide con Iñarritu en que lo de las FSE «fue algo más estético que práctico, con ruedas de prensa que eran un intento de dar una imagen de control y de nación que se podía haber evitado».

«Creo que hubo, con todo, más una reacción natural que una estrategia planeada. Nadie lo tenía previsto, pero me parece sintomático y pone en evidencia cuál es el sistema y la arquitectura que tienen en la cabeza. Si a la mínima hay desconfianza en las administraciones autonómicas y quieres recuperar las competencias, eso dice mucho. Aceptando que nos pilló desprevenidos a todos y que todos los gobiernos cometieron errores, hubo cosas que se podrían haber evitado. Hasta centralizaron las compras, ya no nos acordamos, y lo hicieron tan mal que las comunidades tuvieron que salir a comprar por su cuenta material sanitario», subraya.

Ha pasado un año y algunas lecciones se aprendieron. En el nuevo estado de alarma se permitió una regionalización de las decisiones con un suelo y techo prefijado por las Cortes y eso ha logrado que algunas zonas con mejores indicadores logren asfixiar menos la salud mental y material de su gente, con limitaciones más flexibles y un toque de queda variado, por dar un ejemplo.

A ocho semanas vista

Quedan casi ocho semanas de estado de alarma y ya ha comenzado el debate sobre cómo se reglamentará la nueva normalidad del segundo verano pandémico, que ya tendrá millones de vacunados (y más millones de contagiados inmunes que en el anterior), lo que enciende la esperanza de una temporada más próspera para la sufrida hostelería e industria turística.

Es seguro que la decisión sea colegiada entre el Gobierno central y los autonómicos, continuando por el sendero de lo votado en octubre pasado y lo debatido en los consejos interterritoriales de Sanidad. La aritmética parlamentaria así se lo exige a los partidos del Gobierno de coalición. La avanzada jacobina tiene la limitación que pone la democracia parlamentaria. Aunque después de lo ocurrido hace un año, ya suponemos que el logro de consensos viene más por obligación que por verdadera convicción.