A medianoche acabó el estado de alarma y, con él, las medidas que ahí figuraban y eran comunes a todos los territorios del Estado, siendo las principales el toque de queda y el confinamiento perimetral autonómico. Ahora cada Comunidad Autónoma va por su cuenta. Nafarroa sí mantendrá el confinamiento nocturno, a través de un decreto ley que los tribunales aún no han validado y que podría anularse, mientras la CAV arranca sin toque de queda ni cierre perimetral, aunque la voluntad de Iñigo Urkullu era mantenerlo. Sin embargo, el TSJPV negó autoridad al lehendakari para fijar estas medidas.

En líneas generales, la situación que se vive a partir de hoy es del todo indeseable pues no está determinada por la mejor forma de luchar contra la pandemia, sino que depende de lo que está escrito en leyes que se pensaron para otras situaciones, no para atender una emergencia sanitaria como la presente. De partida, aparenta que la situación en Nafarroa es mejor que la de la CAV, en tanto que las medidas que el Gobierno navarro ha querido mantener se mantienen. Sin embargo, Nafarroa se ve igualmente afectada por la inseguridad jurídica. ¿Si alguien es sancionado por saltarse el toque de queda y luego este se anula, se le sancionará?

El regreso a la legislación ordinaria, obviamente, conlleva facilitar conductas que hacen que el virus se propague más. Una de las más importantes es la recuperación de la movilidad intraestatal. No se sabe, sin embargo, hasta qué punto esta nueva oportunidad que se le está dando al virus puede suponer que la situación se descontrole de nuevo, pero hay zonas del estado que tienen más margen que otras para un repunte fuerte. La CAV es una de las comunidades donde menos cintura hay para un empeoramiento rápido, debido no solo a que tiene la incidencia más alta del Estado, sino a su situación hospitalaria. Según el último informe, Osakidetza cuenta con 174 pacientes en UCI por covid.

Recurso acelerado al Supremo
El conflicto abierto entre Lakua y los tribunales sobre las medidas a aplicar va a llegar al Supremo de forma urgente a través de un mecanismo activado esta semana por La Moncloa. El Ejecutivo español confió en que así se unificarían doctrinas para que en todas las CCAA se puedan usar las mismas normas a modo de instrumentos sanitarios. La experiencia de antes de que se decretara el estado de alarma el 25 de octubre, fue que los tribunales superiores fallaban de forma contradictoria.

Sin embargo, el Supremo respondió en un comunicado que su decisión no tiene por qué llevar a esta unidad de criterio, ya que en función de las leyes que existan en cada comunidad las potestades de regular serán unas u otras.

Según las declaraciones de la ministra portavoz, María Jesús Montero, al presentar su último decreto, las Comunidades Autónomas sí que podían decretar el toque de queda, pero es obvio que esto está en discusión, tal y como lo está viendo Lakua. De lo cual, solo se puede concluir que el Gobierno español ha dejado caer el estado de alarma sin conocer qué medidas les iban a quedar a los presidentes autonómicos contra el virus.

La falta de responsabilidad de La Moncloa ha sido respondida con otra falta de responsabilidad igual de grande por parte de Lehendakaritza, que aborda la nueva situación con errores e incongruencias. De una parte, la CAV no ha elaborado una ley sanitaria propia que le cubra para esta situación. Y tampoco discriminó en su último decreto entre prohibir encuentros en la calle y en el interior de domicilios (capacidad más discutible), recibiendo la respuesta de que no habrá límite de reuniones ni en la calle ni en las viviendas.

El mayor contrasentido de Lakua es su decisión de ampliar el horario de los bares. Dado que el TSJPV le ha cercenado la capacidad de mantener algunas de las medidas de contención principales, lo esperable hubiera sido ser más restrictivo donde sí tiene capacidad de legislar. De ahí que la postura de indignación de Urkullu no se sostenga.

A expensas de ver si el Supremo devuelve a Lakua la capacidad de tomar medidas como el toque de queda o el cierre perimetral, la vía más rápida para que una Comunidad Autónoma recupere la capacidad de legislar encuentros por la calle, toques de queda y cierres perimetrales es pedir a La Moncloa que declara un estado de alarma solo para su jurisdicción.

Esta opción está contemplada en la ley de 1981, que señala que el estado de alarma puede decretarse «en todo o en parte del territorio nacional». La misma ley contempla que sería el presidente autonómico quien debe pedirlo   y que no tiene por qué afectar a toda la CCAA, sino que puede limitarse a una zona concreta.