Si el Gobierno británico, como anfitrión de la reunión de los ministros de Finanzas del G7 de este viernes y sábado en Londres, se declaraba en los días previos «optimista» sobre un acuerdo, las primeras declaraciones de los responsables presentes en la cita han reforzado esa impresión.

«Estamos a un milímetro de un acuerdo histórico», ha declarado a la BBC el titular francés de Finanzas, Bruno Le Maire.

De cumplirse esas perspectivas, el G7 acordaría los «dos pilares» de la reforma: por un lado, se fijaría un tipo mínimo de tributación para las multinacionales y, por el otro, se impondrían unas reglas para que los gigantes digitales paguen por sus beneficios en los Estados donde los obtienen, y no solo donde tienen su sede física.

¿Quién está negociando?

En la capital inglesa están reunidos los ministros de Finanzas de Estados Unidos, Japón, Alemania, Estado francés, Gran Bretaña, Italia y Canadá.

Aunque se espera que los avances en sus conversaciones se reflejen en su comunicado final, eso no sería más que una primera fase, ya que debería ser refrendado en la cumbre de los líderes del G7, del 11 al 13 de junio.

Además, las discusiones técnicas se han llevado a cabo desde hace dos años en el marco inclusivo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), del que forman parte en la actualidad más de 140 países y jurisdicciones, y que tiene prevista una reunión en línea el 30 de junio y el 1 de julio.

Allí las decisiones se toman por consenso, por lo que teóricamente cualquiera de las partes podría bloquear la situación. Pero en la práctica nadie imagina que un pequeño Estado pudiera oponerse a un acuerdo que hubiera obtenido un amplio respaldo.

Para que eso ocurra, será fundamental ver qué sucede en el G20, que organiza un encuentro de ministros de Finanzas el 9 y el 10 de julio en Venecia, y su cumbre el 30 y el 31 de octubre en Roma.

En ese foro están representados también las grandes economías emergentes, como China, India o Brasil.

En resumen, el visto bueno del G7 y del G20 es imprescindible, pero no suficiente.

¿Qué se negocia?

El objetivo es evitar que las grandes multinacionales eludan el pago de impuestos alojando una parte importante de sus beneficios en jurisdicciones que, para atraerlas, les ofrecen un nivel de impuestos muy bajo.

Esas prácticas de optimización, aunque sean legales, cada vez resultan más insoportables para las opiniones públicas y para las arcas de muchos Estados. Sobre todo con la crisis provocada por la pandemia de covid-19, que ha disparado la deuda.

Las discusiones se desarrollan en torno a los dos pilares ya mencionados.

En el estado actual de las conversaciones, se analiza a partir de qué tamaño –en términos de actividad y/o beneficios– estas compañías –se ha hablado de alrededor de un centenar– tendrían que rendir cuentas ante el nuevo dispositivo y qué parte de los beneficios se redistribuirían.

Una de las hipótesis que ha circulado en las últimas semanas es que, a partir de una rentabilidad del 20%, todo lo que estuviera por encima sería gravado no en el país donde el grupo tenga su sede formal, sino que se repartiría en aquellos en los que tiene clientes. Igualmente se ha barajado la posibilidad de que el porcentaje por distribuir fuera el 20%.

En cuanto a establecer un tipo impositivo mínimo de tributación efectiva, la Administración de Joe Biden había hablado inicialmente de un 21%, pero ante las tomas de posición contrarias en EEUU parece inclinarse por un tipo en torno al 15%.

En Europa, algunos socios de la UE, como el Estado francés, tienen unos tipos elevados para el impuesto de sociedades y que para 2022 se quiere hacer converger al 25%, hubieran preferido que la cifra del impuesto mínimo fuera el más alto posible.

Al mismo tiempo, hay otros que ofrecen tipos muy bajos, como la República de Irlanda o Hungría, y no quieren perder su ‘atractivo fiscal’.

Coincidiendo con el lanzamiento del Observatorio de la Fiscalidad de la UE, el pasado 1 de junio, su director, el economista Gabriel Zucman, comentó que alcanzar un acuerdo en el seno de la OCDE sobre un impuesto mínimo «sería extremadamente importante». No obstante, considera que un tipo del 15% «es demasiado bajo».