Un total de 5,4 millones de euros. Esta es la cantidad que el Tribunal de Cuentas reclama a 34 políticos y altos cargos de la Generalitat por los gastos, supuestamente irregulares, que el gobierno catalán realizó en el marco de su acción exterior entre los años 2011 y 2017.

Entre quienes sufren las fianzas más abultadas se encuentran los expresidentes Artur Mas (2,8 millones de euros) y Carles Puigdemont (1,9 millones), el exvicepresidente Oriol Junqueras (1,9 millones), el exconseller d’Acció Exterior Raül Romeva (2,1 millones), el exconseller de Presidència Francesc Homs (2,9 millones) y el ex secretario general del Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (Diplocat), Albert Royo (4,5 millones), responsable de coordinar la proyección internacional y diplomática de la Generalitat. A cada afectado se le adjudica el montante total de las partidas que se le imputan, pero la mayoría de partidas tienen más de un responsable, por lo que el gasto de cada partida se reparte entre diferentes personas, de ahí que el montante final sea de 5,4 millones.

El resto de afectados son funcionarios y delegados del Govern en terceros países, entre los cuales figura incluso Maryse Olivé, la exdelegada de la Generalitat en Francia fallecida en abril de 2017. Todas estas personas, después de ver rechazadas sus alegaciones, tendrán que hacer frente a una fianza solidaria cuyo aval irá a cargo de la Generalitat. Así lo anunció la semana pasada en el Parlament el nuevo conseller de Economía, Jaume Giró, que ante las dificultades de la Caixa de Solidaritat para cubrir los gastos, confirmó que será el Institut Català de Finances (ICF), dependiente del Govern, quien garantice los avales. Para ello, el Parlament aprobó el jueves la creación de un fondo a tal efecto. El Tribunal de Cuentas todavía no ha decidido si acepta el aval.

Una ofensiva invisible

La actuación del Tribunal de Cuentas, condensada en un informe de 500 páginas hecho público el pasado 29 de junio, supone un auténtico varapalo para las personas sancionadas, pues en algunos casos puede suponer el embargo de nóminas y de sus propias casas.

Aún y así, cabe recordar que no es la primera vez que el organismo encargado de fiscalizar el dinero público del Estado actúa contra el soberanismo catalán. A raíz de la consulta del 9 de noviembre de 2014, ya condenó al entonces president Artur Mas y a tres de sus consellers –Joana Ortega, Irene Rigau y Francesc Homs– a una multa de 4,9 millones de euros por organizar esa jornada participativa; y también tras el 1 de octubre de 2017, sentenció al ejecutivo de Carles Puigdemont y a varios de sus altos cargos a pagar 4,1 millones de euros en concepto de los preparativos del referéndum de autodeterminación. En estas dos primeras actuaciones, las multas fueron sufragadas por la Caixa de Solidaritat, creada por la Assemblea Nacional Catalana y otras entidades soberanistas.

En esta ocasión, el Tribunal alega que la mayoría de actividades que la Generalitat realizó fuera del Estado durante los años 2011 y 2017 estaba destinada a internacionalizar el conflicto entre Catalunya y España. Por ejemplo, sería el caso, según consta en el informe, del viaje que Artur Mas hizo a varias ciudades de los Estados Unidos en verano de 2014 con el objetivo de promocionar la economía y la cultura de Catalunya.

Como prueba de esta acusación, el organismo señala que, tras la visita a una planta de la multinacional Clayton, Mas aprovechó para responder ante la prensa sobre la situación que atravesaba Catalunya, respecto a lo cual dijo: «si se nos niega el derecho de votar, habrá conflicto. Un conflicto civilizado en el cual todos tendremos que expresarnos con respeto y consideración». Pues bien, simplemente por estas palabras, el Tribunal de Cuentas considera que el viaje del expresident fue «inconstitucional» y su coste, 75.613,25 euros, una partida vinculada al Procés. El mismo criterio utiliza para otros viajes de Mas a Bruselas y Ámsterdam, o los posteriores que Puigdemont hizo a Flandes, Londres, París, Bruselas o Copenhague.

Aparte de estos viajes, también añade como actividades vinculadas al Procés decenas de exposiciones, conferencias o jornadas de debate que, según enumera, la Generalitat costeó con el único objetivo de «obtener el apoyo y el reconocimiento internacionales, violando así la lealtad institucional con el Estado». La suma de todas estas acciones alcanzarían los mencionados 5,4 millones de euros.

Inquisición sin tregua

De esta forma es como el Tribunal de Cuentas se ha convertido, junto a la alta magistratura, en un engranaje de la ofensiva jurídica y política que los aparatos del Estado mantienen contra el independentismo. Una estrategia a la cual se añadió la Junta Electoral Central el año pasado, cuando consiguió que el expresident Quin Torra fuera juzgado e inhabilitado por el TSJC al negarse a retirar una pancarta del balcón de la Generalitat, y anteriormente la Agencia Tributaria, que en mayo de 2018 embargó 110.000 euros a Òmnium Cultural por el impago de una sanción que la Agencia de Protección de Datos le había impuesto por tener abierta una base de datos «inoperativa» en Estados Unidos, un hecho que, según los abogados de la entidad, no suponía ninguna irregularidad.

La actitud del Tribunal de Cuentas, cuya creación emana del artículo 136.1 de la Constitución, recuerda a la ejercida por el Tribunal Supremo. No solo por la potestad de dictar sentencias basándose en simples conjeturas. Si en el juicio del Procés el Supremo aceptó que Vox se personara en la causa y ejerciera de acusación popular, el Tribunal de Cuentas no ha tenido pudor en admitir las demandas de las plataformas españolistas Sociedad Civil Catalana o Abogados Catalanes por la Constitución, mediante las cuales ha formulado su dictamen.

También, al igual que el Supremo, el Tribunal tiene entre sus integrantes a personas cercanas a la derecha más reaccionaria, pues de los 12 consejeros (siete designados por el PP y cinco por PSOE, todos con el mandato caducado) encontramos a Manuel Aznar López, hermano del expresidente del gobierno español; a Margarita Mariscal de Gante, exministra de Justicia del ejecutivo de Aznar, o a Ramón María Álvarez de Miranda García, exdiputado de la UCD e hijo de Fernando Álvarez de Miranda, miembro del Consejo Personal de Juan de Borbón. Estos consejeros han sido claves en la actual ofensiva contra el soberanismo. Por contra, los problemas fiscales de Ana Botella, la contabilidad oculta del Partido Popular o la escandalosa indemnización que recibió la constructora ACS, propiedad de Florentino Pérez, por el desmantelamiento del almacén de gas Castor, no han merecido atención alguna.

En estos momentos, en la agenda del Tribunal de Cuentas sólo está si acepta o no que la Generalitat haya recurrido al ICF para avalar las fianzas impuestas a los 34 políticos y altos cargos de la Generalitat. Personas con nombres y apellidos que, en función de lo que decida el polémico organismo, tendrán que pedir un sobreesfuerzo a la ciudadanía si no quieren, en algunos casos, verse arrastrados a la ruina.

Mas-Colell y el efecto boomerang

­«Mi padre sufre una situación injusta. En dos semanas, la casa, su pensión y su cuenta bancaria podrían pasar a manos de las autoridades estatales». Con este mensaje, escrito en inglés, Àlex Mas daba a conocer por Twitter el asedio del cual es víctima su padre, el exconseller de Economia i Coneixement Andreu Mas-Colell, otra de las figuras políticas a quien el Tribunal de Cuentas acusa de malversar fondos públicos para promover el conflicto catalán en el exterior.

Al veterano economista, que a sus 77 años encarna la vieja escuela de dirigentes de Convergència i Unió que se enrolaron en el Procés de la mano de Artur Mas, se le reclaman 2,8 millones de euros, el coste que, según el Tribunal, habrían supuesto sus actividades en varios países entre 2011 y 2016, cuando ejerció de conseller. Se trataría, entre otras acciones, de cinco viajes, tres acompañando a Mas en los Estados Unidas y los otros dos, en calidad de conseller, a Austria y Rusia.

Lo que seguramente no calculaba el Tribunal de Cuentas es el prestigio y reconocimiento que Mas-Colell tiene entre el mundo académico, pues tras los mensajes de su hijo, el pasado 22 de junio 33 Premios Nobel de Economía y 20 personalidades publicaron en el diario “El País” una carta para reclamar la retirada de la causa y reiteran la «integridad» y la «dedicación al bien público» que siempre han distinguido al exconseller.

El caso particular de Mas-Colell, pues, podría convertirse en un boomerang para un organismo que acabará frente al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, dónde el expolítico y el resto de afectados quieren llevarlo tras el atropello al que les está sometiendo.