El Ministerio español de Consumo ha anunciado que prohibirá la publicidad de dulces, helados, galletas y bebidas calóricas dirigida al público infantil.

Garzón ha explicado que la regulación estatal de esta publicidad de los alimentos dirigida a menores de 16 años en televisión, radio, redes sociales, webs, aplicaciones móviles o cine se hará por real decreto y se empezará a aplicar el año próximo, en 2022.

En televisión, la nueva normativa afectará a los horarios de protección reforzada y a los espacios publicitarios de programas dirigidos al público infantil y a los canales de televisión dirigiros a menores de 16 años.

Además de esta publicidad en la televisión lineal como no lineal (plataformas), el decreto también regulará los contenidos radiofónicos, salas de cine y publicidad en internet, redes sociales, webs o aplicaciones móviles cuando estén dirigidos a menores de 16 años e incluirá limitaciones en los medios impresos.

En la línea de las regulaciones de esta publicidad que han hecho Gran Bretaña, Portugal y Noruega, el ministro ha explicado que la normativa estatal impedirá hacer publicidad a menores de las cinco categorías de productos que la Organización Mundial de la Salud considera nocivos.

Son las de productos de confitería de chocolate y azúcar, barritas energéticas y coberturas dulces y postres; la de alimentos que incluye pasteles, galletas dulces y el resto de productos de bollería, y las de zumos, bebidas energéticas y los helados.

Para el resto de categorías de productos se establece un límite de contenido de nutrientes por cada 100 gramos y se podrán anunciar siempre y cuando las grasas totales y saturadas, el azúcar total y añadido o bien los niveles de sal se mantengan por debajo de aquellos que se establece para cada producto.

El ministro Alberto Garzón, que ha hecho este anuncio en rueda de prensa en Barcelona, tras reunirse con la alcaldesa de la capital catalana, Ada Colau, ha explicado la decisión de hacer una regulación directa de la publicidad de alimentos y bebidas dirigidas al público infantil por la «ineficacia» para reducir la obesidad y el sobrepeso infantil por medio del Código de autorregulación PAOS establecido por la propia industria, que se aplica desde 2005 en el Estado.

«El sobrepeso y la obesidad tienen unos niveles extraordinariamente altos y es un deber público rebajarlos», ha subrayado Garzón, que ha destacado entre «las cifras alarmantes» del informe Aladino que el 23% de los niños del Estado de entre 6 y 9 años tienen sobrepeso y el 17 por ciento sufren obesidad.

Garzón ha puesto énfasis en la voluntad de proteger a los niños y adolescentes, «las personas mas vulnerables, de unos hábitos de consumo que perjudican notablemente a la salud a corto y medio plazo y en la edad adulta».