Columnas de manifestantes marcharon ayer por las calles céntricas de Buenos Aires con consignas de rechazo a las negociaciones con el FMI, con el que Argentina tiene una deuda de 42.845 millones de dólares, y contra los «Gobiernos ajustadores», en el vigésimo aniversario del estallido social duramente reprimido.

«A 20 años, viva la rebelión popular contra los ajustadores», se leía en un cartel en la Plaza de Mayo, donde partidos de izquierda y organizaciones sociales denunciaron «la continuación del ajuste y la deuda externa» durante el actual Gobierno de Alberto Fernández: «A 20 años reivindicamos su vigencia en el marco de un pacto con el FMI que traerá mas ajuste, miseria y desocupación», planteó una dirigente del Polo Obrero.

Los manifestantes recordaron cómo los movimientos sociales fueron protagonistas de la crisis de 2001.

El Movimiento Evita, alineado con el Ejecutivo de Fernández, también organizó una marcha para recordar a las víctimas de 2001, y subrayó el «salto cualitativo» en la organización social, y anunció «una propuesta política» para «construir una nueva mayoría en Argentina y transformarla definitivamente».

El 20 de diciembre de aquel año fue el fin del Gobierno de Fernando de la Rúa, propiciado por una crisis económica y social y una ola de protestas que dejó 39 muertos en todo el país por la represión que ejercieron las fuerzas de seguridad.

«Dispararon balas reales», recordaba María del Carmen Verdú, que en la tarde del 19 de diciembre de 2001 se encontraba entre las decenas de miles de argentinas que salieron espontáneamente a la calle al grito de «que se vayan todos», desafiando el estado de sitio decretado por el presidente De la Rúa.

En una grave crisis económica tras años de privatizaciones y políticas neoliberales, el entonces presidente había dispuesto el llamado «corralito», que restringió la retirada del dinero depositado en los bancos dando paso a una ola de protestas, «cacerolazos» y saqueos.

«Fue como un torbellino. Al anochecer, las personas se reunieron en la esquina de las calles con cacerolas. Y se convirtió en una multitud que caminaba hacia el Congreso», relató.

A la mañana siguiente, en la Plaza de Mayo, la imagen de los golpes de la Policía a las madres de los desparecidos de la dictadura que acudieron a su concentración semanal dañó aún más la imagen del Ejecutivo y de su presidente, que ordenó desalojar la plaza y la convirtió en un campo de batalla para evitar que una multitud reclamara allí su renuncia. Pese a todo, aquel 20 de diciembre, De la Rúa tuvo que renunciar y huyó en helicóptero de la Casa Rosada.

Pero veinte años después, los familiares de las víctimas continúan esperando que se haga justicia por la masacre de Plaza de Mayo que terminó con cinco muertos y cientos de heridos.

Los responsables fueron condenados en mayo de 2016 y la Cámara Federal de Casación Penal ratificó esas condenas, luego rebajadas, el pasado 13 de diciembre, lo que para los familiares implica una «devaluación de los asesinatos» y de su dolor.

El presidente argentino, Alberto Fernández, anunció un proyecto de ley que establecerá una indemnización para las personas que fallecieron o sufrieron lesiones graves como consecuencia de la represión estatal en 2001.